El rechazo al mega DNU y otras medidas del presidente Javier Milei marcó la sesión de hoy en la Legislatura.

La comunicación 236 fue sancionada en contra del mencionado decreto por su evidente inconstitucionalidad y la violación del principio de división de poderes, base del sistema republicano nacional.

El debate generó posturas encontradas respecto al alcance y contenido del decreto. Los bloques que apoyaron la comunicación criticaron tanto su forma como su contenido, haciendo hincapié en su inconstitucionalidad y el impacto negativo en la ciudadanía. Por otro lado, quienes lo rechazaron argumentaron que la declaración de inconstitucionalidad no corresponde al Poder Legislativo y respaldaron las reformas propuestas en el texto.

La diputada Cielubi Obreque (MPN) señaló la inconstitucionalidad del decreto, refiriéndose a la jurisprudencia al respecto y cuestionando su excepcionalidad. Desde el FdTN, Darío Martínez criticó la amplitud del decreto, cuestionando su necesidad y urgencia.

En el mismo sentido se expresó Andrés Blanco (PTS-FIT-U), quien solicitó la nulidad absoluta del decreto y destacó el rechazo social hacia el mismo. Desde el bloque DC-Comunidad, Ernesto Novoa advirtió sobre la concentración de poder que implicaba el DNU y afirmó que siempre defenderían los intereses de los ciudadanos afectados.

El diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) criticó el contenido del DNU y otras políticas del gobierno nacional, destacando la discrepancia entre la situación económica y las medidas tomadas.

El legislador del PRO-NCN, Damián Canuto, respaldó la vigencia del DNU argumentando la crisis económica heredada y la necesidad de desregular el Estado. En el mismo sentido, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) defendió las acciones del gobierno, argumentando su efectividad y la necesidad de intervenir en un Estado considerado excesivo e ineficiente.

La comunicación fue aprobada por amplia mayoría, con excepción de algunos bloques que votaron en contra. Además, se sancionaron otras comunicaciones en rechazo a medidas del Poder Ejecutivo nacional, expresando preocupación por posibles privatizaciones y la afectación de fuentes laborales y recursos para el sistema público de salud.