La recientemente aprobada ley de emergencia sanitaria en Neuquén, específicamente la Ley 3422, ha generado un intenso debate y suscitado diversas críticas desde varios sectores.

Aunque la iniciativa propuesta por el gobernador Rolando Figueroa pretende agilizar la adquisición de insumos y medicamentos para hacer frente a la crisis del sistema de salud, existen lagunas preocupantes que no han pasado desapercibidas.

Una de las críticas más destacadas se centra en la falta de transparencia en cuanto al monto de dinero asignado para abordar esta emergencia sanitaria. La ausencia de cifras concretas deja a la población en la incertidumbre y genera dudas sobre la eficacia de las medidas propuestas. Este vacío de información no solo afecta la rendición de cuentas, sino que también suscita cuestionamientos sobre la gestión financiera de los recursos destinados a la salud.

Otro punto álgido señalado por críticos y opositores es la omisión de la problemática relacionada con la escasez de personal en el sistema de salud. La carencia de médicos, enfermeras y personal de limpieza no ha sido abordada de manera explícita en la ley, lo que genera inquietud sobre la capacidad del sistema para hacer frente a la demanda asistencial. Esta omisión resalta la necesidad de una planificación integral que contemple no solo la adquisición de insumos, sino también la dotación adecuada de profesionales de la salud.

En el aspecto técnico de la ley, se destaca la posibilidad de prorrogar la emergencia sanitaria por un año, otorgando facultades especiales al Poder Ejecutivo para contratar bienes y servicios sin limitaciones presupuestarias específicas. Sin embargo, la falta de claridad en los mecanismos de control y supervisión de estas acciones genera preocupación sobre posibles abusos y malversación de fondos públicos.

En el ámbito político, la aprobación de la ley generó controversias, con votos favorables mayoritarios de diversos bloques, pero también con críticas fundamentadas desde distintas perspectivas. Desde el PRO-NCN, se cuestiona incluso el título de la ley, sugiriendo que no se trata de una emergencia sanitaria, sino más bien de una crisis económico-financiera en el servicio de salud estatal.

Para el diputado Marcelo Bermúdez, de dicho bloque, la clave reside en la buena administración de los recursos públicos, mientras que otros legisladores resaltan la importancia de abordar no solo la coyuntura, sino también las causas estructurales que han llevado al sistema de salud a esta situación crítica.

 La aprobación de la ley 3422 en Neuquén, lejos de disipar las preocupaciones y críticas, ha generado un terreno fértil para la incertidumbre y el escepticismo. La falta de especificidad en los montos presupuestarios, la omisión de la escasez de personal y la ambigüedad en torno a la efectividad del comité de emergencia requieren una revisión exhaustiva para garantizar una gestión transparente y eficaz de los recursos destinados a la salud pública en la provincia.