En medio de un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política uruguaya, el Canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, ha presentado su renuncia tras ser implicado en un turbio episodio de ocultamiento de información relevante a la Justicia.

Este incidente gira en torno al otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, lo que supuestamente facilitó su liberación en Dubai a principios de 2022.

Las pruebas de este oscuro episodio se centran en una serie de mensajes de chat y grabaciones de audio que implican al entonces Canciller Bustillo. Estos materiales, actualmente bajo investigación judicial, sugieren un intento por parte de Bustillo de convencer a la vicecanciller Carolina Ache de ocultar información que podría tener implicaciones legales.

La renuncia de Bustillo, comunicada a través de una carta pública, insiste en su inocencia y la legalidad del otorgamiento del pasaporte, pero busca eliminar cualquier sombra de duda sobre su comportamiento como funcionario de alto rango. Esto adquiere especial relevancia debido a la alarma suscitada por las grabaciones de audio, que fueron realizadas por la propia Ache por temor a las acciones del gobierno.

Las conversaciones reveladas indican una discrepancia entre las instrucciones oficiales y lo que Bustillo aparentemente pedía a Ache en privado, lo que agrega un elemento adicional de preocupación. En un momento clave, parece que Bustillo le insta a su subalterna a "perder el celular", una maniobra que arroja sombras sobre la integridad de la gestión gubernamental.

Estas evidencias sugieren que el gobierno uruguayo intentó ocultar información crucial a la Justicia, en particular los mensajes intercambiados entre Ache y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, con respecto al narcotraficante Sebastián Marset. Este oscuro episodio se relaciona con el momento en que Marset aún estaba bajo detención en Dubai debido a un pasaporte paraguayo falso, antes de recibir un pasaporte uruguayo por valija diplomática.

Este escándalo arroja una sombra sobre la administración uruguaya y plantea serias preguntas sobre la transparencia y la integridad de sus acciones.

En medio de una alerta roja de Interpol que pesa sobre Marset por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero, este caso podría tener ramificaciones significativas en el ámbito nacional e internacional.