Bajo el análisis crítico y riguroso de las medidas económicas implementadas por el gobierno libertario de Milei, se ha suscitado un fuerte rechazo hacia el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Este régimen, como parte de la Ley Ómnibus, otorga considerables beneficios impositivos y financieros a capitales extranjeros que deseen invertir en Argentina superando la cifra de 200 millones de dólares. Este escenario ha generado una polémica adicional al debate público, con empresarios nacionales de diversos sectores expresando su preocupación y realizando acciones de lobby para exigir modificaciones sustanciales en el proyecto.

Los líderes empresariales locales, entre los que se cuentan la Unión Industrial Argentina (UIA), empresas automotrices, petroleras, agroindustriales y metalúrgicas pyme, agrupadas en la cámara ADIMRA, han intensificado sus esfuerzos para persuadir a los legisladores de diferentes partidos políticos, incluyendo el PJ, el PRO y la UCR, sobre los perjuicios que acarrearía la implementación del RIGI en su forma actual. Estos actores económicos se han destacado por señalar el grave daño que supone la práctica cesión de recursos energéticos y naturales que propone el régimen en cuestión.

Particularmente alarmantes son cuatro puntos sensibles planteados durante las discusiones: el tratamiento del Impuesto a las Ganancias, las retenciones a las exportaciones, la libre disponibilidad de divisas para exportaciones y la no obligatoriedad para las empresas que inviertan de abastecerse con proveedores argentinos. En materia de Ganancias, se propone una tasa reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos en los primeros 5 años. Respecto a las retenciones a las exportaciones, se establece la exención de retenciones luego de los primeros tres años y por un período de 30 años.

El sector industrial, representado por la UIA, ha expresado su apoyo al régimen, aunque con reservas y advertencias sobre los posibles efectos adversos en la competencia y en el desarrollo de las cadenas de valor nacionales. Sin embargo, tras evaluar el impacto reciente en la industria, se han elevado voces críticas exigiendo una postura más contundente contra el RIGI. La presión para una oposición más enérgica está siendo impulsada por el Departamento PYMI.

A pesar de la cautela inicial de algunos actores industriales, ciertos sectores, como los metalúrgicos de ADIMRA, han tomado acciones fuera de los canales tradicionales de la UIA, aliándose con sindicatos como la UOM para presentar una queja conjunta, resaltando los efectos negativos tanto en la actividad económica como en el empleo. Esta reacción ha sido particular.

Fuente: Pagina12