El Grupo DOTA, emporio del transporte automotor y coloso del sector, ha desplegado su estrategia en el ámbito laboral en respuesta al DNU de Milei, aunque este se encuentre detenido judicialmente.

Con un tono de coerción, la empresa insta a sus conductores a desempeñar sus funciones y los amenaza con medidas disciplinarias. Apelando al DNU 70/2023, que otorga al transporte una supuesta "importancia trascendental", DOTA justifica la exigencia de mantener el 50% de los servicios activos. Sin embargo, esta imposición es cuestionada por la UTA, sindicato que desestima las pretensiones de la compañía argumentando que el capítulo laboral del mencionado DNU está suspendido por el poder judicial, invalidando así las medidas de DOTA.

Este conflicto surge en un contexto de movilización gremial, con la CGT convocando a un paro general de 24 horas. Ante esta convocatoria, DOTA envía comunicaciones a sus empleados advirtiendo que cualquier adhesión al paro debe incluir una reprogramación de servicios para cumplir con lo estipulado como prestación mínima. Además, amenaza con descontar el día no trabajado y con iniciar sumarios a aquellos que no acaten sus disposiciones.

La influencia de DOTA en el ámbito sindical es innegable, con un historial de intervenciones políticas y económicas destinadas a consolidar su dominio en el sector. Con más de 180 líneas de colectivos bajo su control y una red de empresas afiliadas, el grupo busca mantener su posición de poder influyendo en la conducción de la UTA y en las decisiones del gremio de choferes.

Este episodio pone de relieve la constante disputa entre el poder empresarial y los derechos laborales, con DOTA representando la cara más agresiva y autoritaria de este conflicto.

La resistencia de los trabajadores y la vigilancia de los organismos judiciales son cruciales para garantizar el respeto a las garantías laborales frente a los embates del capital.