El presidente Milei continúa con su polémico plan de reducción del gasto público, desencadenando despidos masivos y recortes presupuestarios.

En esta ocasión, el Gobierno ha dado un paso más en su estrategia de desmantelamiento del Estado al anunciar el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y despedir a 900 trabajadores.

El portavoz Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la medida, la cual fue justificada bajo la premisa de una supuesta mala administración de los recursos. Sin embargo, este enfoque refleja la falta de eficiencia del gobierno al no presentar alternativas viables que beneficien a los sectores más necesitados, priorizando a las grandes empresas y multinacionales desde el inicio de su mandato.

El cierre del Instituto y los despidos masivos representan un nuevo episodio en la estrategia de ajuste y desguace del Estado impulsada por el presidente Milei. Esta acción se lleva a cabo en consonancia con su visión de reducción del gasto público y la intervención estatal.

Según Adorni, el Instituto y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar contaban con una abrumadora cantidad de empleados, la mayoría de los cuales serán despedidos. Esta decisión se basa en una supuesta revisión de datos desfavorables que revelaron una gestión ineficiente de los recursos y un excesivo gasto en sueldos.

El Instituto, creado durante la gestión de Alberto Fernández, que segun el vocero Adorni se convirtió en un símbolo de derroche y falta de transparencia. Su cierre evidencia la falta de políticas públicas efectivas para el sector agrario y el desinterés del gobierno en atender las necesidades de los agricultores familiares y comunidades indígenas.

El anuncio del cierre del Instituto de Agricultura Familiar y los despidos masivos reflejan la continuidad de una política económica que privilegia los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es imperativo que el gobierno reconsidere estas medidas y busque soluciones que promuevan un desarrollo equitativo y sostenible para todos los ciudadanos.