"El cierre de 59 Centros de Referencia y el despido masivo de más de 600 empleados públicos ha dejado a la deriva a personas vulnerables en toda Argentina.

Esta decisión, liderada por el Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha generado un profundo impacto en la capacidad del Estado para brindar programas, servicios y capacitaciones a la población.

Bajo el gobierno de Javier Milei, se argumenta un ahorro de $5.000 millones anuales como justificación para cerrar estos centros, que actuaban como vínculo vital para aquellos que buscaban asesoramiento y acceso a políticas públicas de desarrollo ciudadano en diferentes provincias del país.

La visión oficialista desestima a los empleados públicos despedidos, tildándolos de ser parte de la 'caja política' y acusándolos de ser 'ñoquis del Estado'. Se afirma que estos centros apenas recibían consultas diarias, sin reconocer el trabajo articulado que realizaban con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales para mejorar la calidad de vida de la población.

La realidad es que se cierran puertas fundamentales para el desarrollo social en todo el país. La única sede de Desarrollo Social estará en la Capital Federal, obligando al resto de Argentina a recurrir a canales digitales o llamar a una línea telefónica (0800-222-3294) en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Este drástico recorte afecta no solo a los empleados públicos sino también a las personas vulnerables que dependían de estos centros para obtener orientación y apoyo. El gobierno parece menospreciar el impacto real en la vida de ciudadanos comunes que ahora se encuentran desprovistos de recursos esenciales.

Es imperativo que, en lugar de desmantelar estructuras clave, se busquen soluciones que permitan a las personas vulnerables de toda Argentina acceder a servicios y capacitaciones esenciales para su desarrollo. Este cierre deja a la deriva a quienes buscan una oportunidad de capacitarse y reincertarse en el ámbito laboral, desafiando la promesa de encontrar soluciones a sus demandas por parte del Estado.

En un contexto donde la atención a personas vulnerables se ve amenazada, es crucial cuestionar la lógica detrás de estas decisiones gubernamentales y abogar por un enfoque más inclusivo y efectivo en beneficio de toda la sociedad argentina."