Desinformación y Desconocimiento: La Controvertida Postura de Villarruel sobre el Aborto

En una reciente polémica, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue desmentida y criticada por dirigentes feministas y políticos tras sus declaraciones sobre la existencia de "abortos a término" en Argentina.

La ministra de las Mujeres, Estela Díaz, calificó sus afirmaciones como preocupantes, destacando que Villarruel "banaliza, miente y desconoce" la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La diputada Mónica Macha subrayó que la candidata no comprende el funcionamiento de la IVE y acusó a su partido de querer imponer "crueldad". Además, Florencia Lampreabe recordó que "si son niños a término no es aborto".

La directora de Salud Sexual y Reproductiva de PBA, Carlota Ramírez, desmintió a Villarruel, destacando que el 90% de los abortos en Argentina se realizan antes de las 12 semanas. Subrayó que no existe el concepto de "aborto a término" y enfatizó que los procedimientos se realizan de acuerdo con las normativas nacionales y las recomendaciones de la OMS.

Villarruel, al sugerir que la ley IVE debería ser sometida a "discusión", generó controversia. Sin embargo, sus declaraciones carecen de fundamento, ya que la ley vigente permite la interrupción del embarazo hasta la semana catorce, con excepciones para casos de violación o riesgo de vida.

La dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, criticó a Villarruel por desinformar y jugar con mitos. Destacó que la Argentina se ha convertido en referente regional gracias a una ley que garantiza derechos y desmintió la existencia de "abortos a término".

La escritora Claudia Piñeiro también cuestionó las afirmaciones de Villarruel, señalando que sugiere malintencionadamente que con la nueva ley las mujeres abortan a término.

Las declaraciones de Villarruel han sido desacreditadas por expertos y figuras prominentes. Su falta de conocimiento sobre la ley IVE y su propensión a difundir información falsa generan preocupación entre la población.

La sociedad y los votantes deben cuestionar la veracidad de sus afirmaciones y considerar la información respaldada por la legislación vigente.