El proyecto en revisión de la Cámara de Diputados, destinado a abordar la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, ha obtenido un dictamen positivo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Esto abre la posibilidad de que se debata en sesión la próxima semana, aunque es importante señalar que se espera que el oficialismo proponga algunos cambios que requerirían una segunda revisión en la Cámara baja en caso de ser aprobados.

En su esencia, el proyecto busca aliviar la carga financiera de los deudores hipotecarios UVA, estableciendo un límite del 30% de los ingresos para el pago de las cuotas y suspendiendo los desalojos por un año. Sin embargo, el dictamen oficialista introduce algunas modificaciones sustanciales al proyecto original.

En primer lugar, se elimina la cláusula de ajuste UVA-UVI para préstamos destinados a la adquisición de vivienda única, reemplazándola por un mecanismo de indexación basado en el Índice de Salario del INDEC. Además, se propone una novación de los préstamos, retrotrayendo el capital al 31 de agosto de 2019 y ajustándolo por el índice de salarios más un interés del 3,5% nominal anual a partir de septiembre de 2023.

El Banco Central se designa como la autoridad de aplicación y se le insta a implementar un programa de educación financiera enfocado en los riesgos asociados a ciertos productos bancarios, con el objetivo de evitar publicidades engañosas. Se enfatiza que, en caso de que la relación cuota-ingreso supere el 30% de los ingresos del tomador, las entidades bancarias deben negociar acuerdos, pero siempre bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

El proyecto también mantiene disposiciones que permiten a quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias deducir hasta tres salarios mínimos anualmente, así como vender su propiedad junto con el crédito existente. Además, se contempla la creación de un fondo fiduciario que cubra hasta tres cuotas del crédito en caso de desempleo del deudor.

Al concluir la reunión, Ricardo Guerra, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, reconoció los problemas asociados al sistema de préstamos UVA y expresó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el pago razonable de los deudores y la rentabilidad de las entidades financieras.

Por su parte, Juliana Di Tullio, de la misma bancada, manifestó su preocupación sobre el impacto en el Banco Provincia, argumentando que el sistema público asume las pérdidas, pero no así el sistema privado.

Desde la oposición, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco coincidieron en que el sistema de cuotas UVA es sólido, pero que el principal problema radica en la inflación. Martín Lousteau destacó la baja morosidad en esta línea de crédito y señaló que la mayoría de los préstamos fueron otorgados por bancos públicos que no persiguen a quienes desean cumplir con sus obligaciones.

Fuente: Telam