El dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, fue apartado del juicio oral y público en las causas que lo tienen procesado por delitos de lesa humanidad relacionados a los hechos conocidos como la «Noche del Apagón», luego de que el Poder Judicial determinó que el acusado padece una «incapacidad mental sobreviniente», informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo fue emitido por la mayoría del Tribunal Oral Federal de Jujuy, el cual resolvió, «suspender la tramitación de la presente causa respecto al imputado Carlos Pedro Tadeo Blaquier por incapacidad mental sobreviniente conforme art. 77 del CPPN» (Código Procesal Penal de la Nación), según dice la conclusión del documento judicial al que tuvo acceso Télam.

En la misma resolución detalla que el exadministrador de la empresa, Alberto Lemos, continuará imputado, por lo que está cerca de ser enjuiciado.

En octubre de 2021 el Poder Judicial elevó a juicio oral y público la segunda causa que tiene como procesados a Blaquier y a Lemos por delitos de lesa humanidad, al rechazar planteos de nulidad presentados por la defensa.

Posteriormente, en marzo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el envío a juicio de Blaquier y Lemos, al rechazar recursos de queja esgrimidos nuevamente por sus defensores.

Carlos Blaquier logró excusarse ante la Justicia por el deterioro de su salud y no será juzgado en las causas por delitos de lesa humanidad como la «Noche del Apagón»

Desde septiembre de 2021, y mientras se resolvían los diferentes recursos en las instancias judiciales, la defensa de Blaquier, informó al Juzgado Federal 2 de Jujuy «sobre el estado de salud del nombrado» y requirió la constatación por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una parte del informe forense realizado revela que el dueño de la agroindustria, «presenta al momento de la evaluación efectuada una afección compatible con deterioro cognitivo, en fase al menos moderada», la cual «se considera que la afección dificulta su desempeño, y le resta la autonomía psíquica suficiente como para estar en juicio y/o como para instruir debidamente a su defensa».

El 8 de julio de 2021 la Corte Suprema avanzó en dejar sin efecto una resolución de Casación que en 2015 dictó la falta de mérito de Blaquier y Lemos, y además ordenó que se dicte una nueva sentencia.

Integrantes de organismos de derechos humanos de Jujuy repudiaron la resolución judicial conocida este miércoles a favor de Blaquier y consideraron que las demoras de Casación y de la Corte «provocaron este desenlace».

En ese marco reprocharon la falta de voluntad en «los años que pasaron sin que se resuelva esa falta de mérito que finalmente quedó anulada» y recordaron que Blaquier debió ser juzgado en el año 2013.

Según la acusación, Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de «La noche del apagón», como se conoce al operativo de detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976 durante la dictadura cívico militar.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

Ello se enmarca en la causa denominada «Luis Burgos y otros», que tiene como victimas al menos a 20 personas por los presuntos delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada en 20 hechos».

Las víctimas de esa causa son Delicia del Valle de Narváez, Hipólito Álvarez, Raúl Bartoleti, Alfonso Cordero, Eulogia Cordero de Garnica, María Cortez, Norma Castillo, Salvador Cruz, Luis Escalante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Garnica y Rufino Lizárraga.

A ellos se suman Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Oscar Alfaro Vasco, Luis Alfaro Vasco y Jhonny Vargas.

Otra de las causas que implican a Blaquier y Lemos es la llamada «Luis Aredez y otros», por resultar presuntos partícipes en grado de cómplice primario y secundario, respectivamente, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada -en tres hechos- cometidos en perjuicio de Luis Ramón Aredez (desaparecido), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.