En un giro inesperado, Juan Martín Mena, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, ha lanzado una grave acusación contra el Gobierno nacional.

La reciente designación de Jorge Adolfo Teodoro como director General de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación ha desatado una tormenta política. Teodoro, conocido por haber borrado el contenido de los celulares del diputado Gerardo Milman y sus asesoras, se encuentra ahora en el centro de la polémica.

La Decisión Administrativa 510/2024, firmada por Patricia Bullrich y Guillermo Franco, oficializó la designación de Teodoro el pasado 11 de junio. Esta decisión se dio a conocer poco después del inicio del juicio oral por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022 en La Recoleta.

Mena no dudó en expresar su indignación: "No solo no condenan el intento de magnicidio, sino que siguen adelante con la ruptura del pacto democrático, encubriendo y negando el derecho de 47 millones de argentinos a conocer la verdad". Según Mena, el nombramiento de Teodoro justo cuando empezaban las audiencias orales demuestra una clara falta de compromiso del Gobierno con la justicia y la transparencia.

El caso de Milman es complejo y está cargado de intriga. Un asesor del legislador declaró haber escuchado a Milman en una confitería cercana al Congreso, comentando con sus asesoras sobre un plan para asesinar a la ex presidenta. La conversación, que parecía anticipar el atentado, se reportó ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación.

Las revelaciones no se detienen ahí. Las asesoras de Milman admitieron ante la justicia que sus teléfonos, junto con el de Milman, fueron borrados en una oficina de una fundación dirigida por Bullrich, tarea que recayó en Teodoro. Esta acción, según Mena, compromete aún más la integridad de la investigación y pone en entredicho la postura del Gobierno frente a un hecho tan grave.

En medio de este escándalo, Milman entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera estaba disponible en Argentina en el momento del atentado, añadiendo una capa más de sospecha a este ya complicado caso.

La controversia alrededor de la designación de Teodoro y las acciones encubridoras alegadas resuenan fuertemente en el escenario político nacional. La sociedad argentina, ansiosa por verdad y justicia, observa con atención cada movimiento en este caso que parece desenredar una madeja de ocultamientos y complicidades.