Bajo la lupa de la CTA Autónoma y otras entidades sindicales, la figura de Javier Milei se ve envuelta en una controversia legal de gran envergadura.

La presentación de un amparo colectivo la semana pasada se ha ampliado con una denuncia penal, encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, junto a Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y Jonatan Baldiviezo, presidente de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Las acusaciones apuntan hacia posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y traición a la patria. La denuncia destaca que el DNU, que motivó esta acción legal, va más allá de abordar una situación de emergencia temporal. Según la CTA Autónoma, el paquete normativo busca establecer un nuevo rumbo social y económico de manera permanente, violando los presupuestos constitucionales que autorizan tales medidas.

En este contexto, se sostiene que Javier Milei, al dictar el DNU sin respetar los límites constitucionales, ha ejercido funciones legislativas propias del Congreso, incurriendo así en el delito de usurpación de autoridad. La denuncia subraya la necesidad de una medida cautelar de no innovar, solicitada por sindicatos y organizaciones sociales, que suspendería los efectos del DNU 70/2023. Además, se exige el inicio de una investigación judicial para esclarecer estos hechos.

Este escenario legal presenta un desafío significativo para Milei y su gobierno, ya que se cuestiona no solo la legalidad del DNU en cuestión, sino también la naturaleza misma de las facultades ejecutivas.

El desenlace de esta denuncia no solo marcará un precedente en la interpretación de los límites del poder ejecutivo, sino que también definirá el papel de Milei en este complejo entramado político y judicial.