El gobierno neuquino ha lanzado el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi), una medida que, en apariencia, busca abordar las necesidades habitacionales de la población.

Sin embargo, esta decisión revela una preocupante falta de sensibilidad hacia las verdaderas problemáticas que afectan a los ciudadanos, centrándose en juzgar a aquellos que, según ellos, han tomado viviendas o terrenos del estado.

Resulta sorprendente que, en lugar de ofrecer soluciones concretas a las familias que se encuentran en situaciones precarias, el gobierno opte por perseguir y marginar a quienes, en muchos casos, fueron incentivados por los llamados punteros políticos que negocian sin escrúpulos. Esta medida parece más un intento de señalar con el dedo y menos una estrategia para abordar las raíces del problema.

El Ruprovi, presentado como una herramienta para detectar necesidades habitacionales, parece descuidar las verdaderas urgencias de la población al enfocarse en formalidades burocráticas y declaraciones juradas. Mientras tanto, las familias vulnerables siguen al margen, esperando soluciones reales.

Es alarmante ver cómo el gobierno desatiende la complejidad de la situación al no considerar las circunstancias detrás de las ocupaciones de tierras. La falta de empatía hacia quienes buscan simplemente un techo para sus familias contrasta fuertemente con la retórica gubernamental.

En lugar de ofrecer respuestas a las necesidades habitacionales, el gobierno parece estar más interesado en clasificar a la sociedad, dividiéndola entre aquellos que ya han resuelto sus problemas de vivienda y aquellos que aún los padecen. Esta medida solo perpetúa la injusticia y la desigualdad, sin abordar las raíces del problema.

Resulta fundamental cuestionar la verdadera intención detrás de este registro y la decisión de juzgar a aquellos que buscan refugio. Es imperativo que la sociedad demande un enfoque más compasivo y proactivo, lejos de políticas que solo sirven para señalar y segregar a los ciudadanos en lugar de ofrecer soluciones tangibles a las crisis habitacionales.

El gobierno debería reconsiderar su enfoque y adoptar estrategias que aborden de manera efectiva las necesidades de vivienda, en lugar de marginar a aquellos que luchan por un derecho tan básico. La sociedad merece políticas que busquen soluciones inclusivas y justas, en lugar de perpetuar la marginalización de aquellos que más necesitan ayuda.