En medio de un posible escándalo, la Justicia investiga al gobierno provincial de 2017 por inscribir a beneficiarios de subsidios sociales como aportantes a la campaña electoral de la coalición en Buenos Aires. 

La Cámara Nacional Electoral ha ratificado la sentencia del juez federal Alejo Ramos Padilla que desestimó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral de Cambiemos en las PASO de 2017 en la provincia de Buenos Aires, durante el mandato de María Eugenia Vidal como gobernadora.

En su fallo, la máxima instancia electoral ha confirmado que se deben investigar las "eventuales responsabilidades personales" relacionadas con las "numerosas irregularidades" detectadas en la campaña. Asimismo, la Cámara ha dispuesto que se sancione a Cambiemos con la pérdida de los aportes públicos extraordinarios que le hubieran correspondido como parte de la alianza.

Los recursos presentados por la alianza fueron rechazados, ya que no presentaron argumentos válidos que pudieran refutar las irregularidades detectadas durante la investigación. La falta de claridad en el origen y destino de los fondos de campaña sigue siendo una preocupación para la Cámara Nacional Electoral.

Esta decisión es un golpe para Cambiemos, que se enfrenta a la posibilidad de sanciones severas y la posibilidad de que se determinen responsabilidades personales. La transparencia en la financiación de las campañas es fundamental para la democracia, y esta decisión muestra que se están tomando medidas para garantizarla.

El fallo de Ramos Padilla

En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

En esa causa, la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
 

La Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires

El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

Según el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, los informes de ingresos públicos presentados por Cambiemos en la campaña electoral de 2017 no coincidían con los datos aportados por la Dirección Nacional Electoral. Además, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y cuando se cotejaron con el Registro Nacional de Electores, se encontraron discrepancias en los DNI de los supuestos donantes.

El magistrado también señaló que se realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, que reveló que 179 aportantes habían contribuido con más del 30% de sus facturaciones mensuales. Además, se detectó que 40 aportantes podrían estar vinculados a empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas, o haber superado los topes de contribuciones establecidos.

Por otra parte, se identificaron 209 personas que habían realizado importantes donaciones de dinero, pero que también recibían algún tipo de plan o beneficio de Anses, como el Programa Hogar o la Asignación Universal por Hijo. Incluso hubo casos en los que los aportantes habían donado 20 mil o 17 mil pesos, pero también recibían estos beneficios sociales.

La Justicia Electoral también tomó en cuenta que muchas de las personas declaradas en el informe de Cambiemos negaron haber realizado los aportes informados. Estas irregularidades son muy graves y ponen en duda la transparencia del proceso electoral, por lo que es necesario investigar a fondo y determinar las responsabilidades correspondientes.

El magistrado encargado de la supervisión de los gastos de la campaña electoral de la coalición política Cambiemos ha rechazado su informe de gastos debido a la falta de información sobre los honorarios de los asesores, incluyendo al conocido consultor político Jaime Durán Barba, quien se estima cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña. El juez ha solicitado que se realice una investigación penal sobre el origen y destino de los fondos de la campaña, y ha ordenado la toma de testimonios para este fin.

Durante las gestiones del expresidente argentino Mauricio Macri, la causa de los "aportantes truchos" se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos. La entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del partido PRO en el territorio, María Eugenia Vidal, inicialmente intentó culpar a sectores kirchneristas por las acusaciones. Sin embargo, después de reconocer la gravedad de la denuncia, destituyó a la secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien también se desempeñaba como tesorera del partido durante la campaña de 2017, debido a las repercusiones del caso.

Fuente: Telam