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2 de febrero de 2023

Segunda jornada de juicio político: los autores de proyectos ratificaron sus denuncias contra los jueces de la Corte

También expusieron Patricia Isasa (sobreviviente de la dictadura), Ricardo La Greca y Diego Sánchez.

Diputados del Frente de Todos, la Coalición Cívica, representantes de asociaciones de derechos humanos y particulares expusieron ante la comisión de la Cámara baja. La próxima semana será el momento de decidir sobre la admisibilidad de las denuncias.

 

Tal cual estaba previsto en el cronograma que delineó el oficialismo, este jueves se realizó la segunda jornada sobre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se escuchó la palabra de los autores de más de una docena de proyectos presentados. 

Ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja expusieron, por alrededor de cuatro horas, legisladores del Frente de Todos, de la Coalición Cívica, representantes de asociaciones de derechos humanos y particulares. 

No pudo concurrir, aunque envió una nota confirmando su disposición de poder presentarse en otro momento, la senadora y jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien tiene dos iniciativas contra los magistrados. 

Los oradores ratificaron sus denuncias por diferentes causales y no fueron sometidos a preguntas. 

Este fue el paso previo a lo que, el próximo jueves, será el “plato fuerte” con el sometimiento a aprobación del informe de admisibilidad, donde se evalúa la sustentabilidad o no de las denuncias. Allí se espera que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión (tiene 16 sobre 31 integrantes) y dé paso a la apertura de la investigación. 

En el final del encuentro, el vicepresidente de la comisión, el cívico Juan Manuel López, resaltó que “hay muchas denuncias” y ya que no se va a formar una subcomisión para evaluar la admisibilidad hay que “encontrar un método de votación claro” sobre “cada uno de los cargos y hechos” que se investigarán, además de notificar correctamente a los jueces. 

La presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, aclaró que “los cargos se definen en el dictamen de acusación”. “Vamos a evaluar los hechos que tienen sustento y los que no”, dijo sobre la próxima reunión y señaló que “una vez abierta la admisibilidad por supuesto se notifica que hay un proceso de juicio político en trámite” a los jueces. La entrerriana dijo que el paso de la semana que viene “es simplemente decir si vamos a investigar o no”. 

“Busquemos la mejor manera de trabajar”, reclamó el opositor, a lo que Gaillard se comprometió a trabajar “de la manera más organizada” estableciendo “criterios” y anunció que habrá antes una reunión de asesores para buscar los acuerdos. 

 

La exposición de los autores de proyectos 

La primera en exponer este jueves fue la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, quien enumeró y detalló la catarata de acusaciones de su espacio contra Ricardo Lorenzetti, que fue el titular de la Corte desde 2007 hasta 2018, y actualmente la integra. No obstante, se diferenció de los fundamentos plasmados por el oficialismo y confirmó la posición, que comparten con sus pares de Juntos por el Cambio, en contra de avanzar contra todo el máximo tribunal. 

La porteña recordó que el primer pedido, presentado por Elisa Carrió, se dio durante el propio gobierno de Cambiemos y no fue acompañado por Mauricio Macri y Germán Garavano en ese momento. 

Luego apuntó que Lorenzetti “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. Y pasó a precisar 29 hechos que se le imputan, a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una  evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”. 

En tanto, el presidente de la CC, Juan Manuel López, ratificó “todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió”, pero aclaró: “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”. 

A continuación, Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, leyó los fundamentos del proyecto presentado por esa organización, teniendo a su lado a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien tuvo una intervención en la que manifestó que “es una buena idea iniciar este juicio político, que es oportuno. No solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya”. “Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”, agregó.

Después fue el turno del oficialismo. Autor del proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores, el diputado Eduardo Valdés aseguró que los magistrados cometieron “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación”, al hacer referencia a las causales sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el fallo 2×1, el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura. 

Puntualmente a Rosatti, el legislador lo acusó de haber dictado resoluciones “contra la Ley de Presupuesto”, haber violado la Ley de Ética Pública y haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato.

Asimismo, defendió que “el juicio político es la única herramienta que la Constitución le da al Congreso en el caso de mal desempeño de funciones de los jueces de la Corte”.

A continuación, habló Mara Brawer, quien fundamentó el pedido de enjuiciamiento contra Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por haber votado a favor del 2×1 para casos de lesa humanidad; y luego lo hicieron María Rosa Martínez y Pablo Carro, quienes argumentaron el pedido de juicio por el caso de la obra social de los trabajadores judiciales y las supuestas irregularidades allí registradas.

Llegado el turno de exposición de Federico Méndez, presidente de Asociación Cívil por la Exigibilidad de Derechos Sociales, nombró el “Caso Highton” y expresó: “Vengo a denunciar por mal desempeño a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz por manipular el expediente ‘Schiffrin’ y por utilizar información privilegiada a los fines de beneficios personales, a beneficio de la jueza Highton y por actuar bajo la orden del Ministerio de Justricia -de la gestión de Cambiemos-,a cargo de Germán Garavano”.

Del mismo modo, Méndez amplió: “La denuncia se basa en que el nexo, entre Garavano y los jueces denunciados, fue a través de la persona prófuga de la Justicia, Fabián Rodríguez Simón, quien tuvo más de 50 llamadas con Rosenkrantz”. En esa línea, sentenció: “Violaron una norma de la Constitución Nacional para prorrogar en su cargo a una jueza que pasó los 75 años”.

Del mismo modo, el periodista, abogado y defensor de los Derechos Humanos, Pablo Llonto, apuntó directamente contra el presidente el máximo tribunal de justicia y afirmó: “Horacio Rosatti es el nombre de nuestro problema principal”. “No es algo contra él, pero cada vez que un juez de la Corte hizo algo parecido hemos solicitado el juicio político”, aseveró.

“En el 2007 se creó una Comisión Interpoderes (para tratar juicios por crímenes de lesa humanidad) que con Rosatti como presidente nunca funcionó”, apuntó Llonto. Además, cuestionó que “no haya celeridad en las audiencias”, y lamentó que “muchos familiares de desaparecidos fallecieron sin respuestas”.

También expusieron Patricia Isasa (sobreviviente de la dictadura), Ricardo La Greca y Diego Sánchez

Fuente: Parlamento



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