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LEGISLATURA

1 de noviembre de 2022

El presupuesto del Poder Judicial para el 2023 es de 40,3 mil millones de pesos

El proyecto (15754) ingresó por Mesa de Entradas el 31 de octubre.

El vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Germán Busamia presentó el proyecto de ley de presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio financiero 2023 que asciende a 40,3 mil millones de pesos. 

 

El gasto en personal demandará 36,6 mil millones, mientras que a bienes de consumo se destinarán 320 millones y a servicios no personales 2,6 mil millones. La planta de personal prevista alcanza los 2518 cargos, de los cuales 2464 corresponden al personal permanente y 54 al temporario. 

En materia de recursos, el mayor volumen provendrá de la coparticipación federal de impuestos que aportará 27,6 mil millones. Los recursos propios permitirán un ingreso de 750 millones y las contribuciones figurativas del servicio del Tesoro Provincial harán lo propio con 12 mil millones.

En los fundamentos, se explica que la inversión real está estimada en 750 millones, de los cuales 500 millones se destinarán a la construcción de inmuebles con destino a los organismos de San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces, Centenario, El Chocón, Las Ovejas, Picún Leufú, Plaza Huincul y Plottier, y la elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de los edificios judiciales de las ciudades de Zapala, Villa La Angostura y Añelo.

En tanto, se aportarán 250 millones para la incorporación de equipamiento de mejora de la plataforma tecnológica, el equipamiento para la Oficina de Cibercrimen y el proyecto de modernización integral de los sistemas informáticos de gestión judicial, entre otros.  

La iniciativa destaca que el presupuesto proyectado expone una relación de equilibrio entre recursos y gastos, y fortalece el acompañamiento a la justicia de paz, considerada un eslabón fundamental para el acceso a la justicia en el interior provincial, en especial para la atención de las víctimas de violencia familiar y de género. También contempla el desarrollo de un programa integral de capacitación en perspectiva de género para todo el personal judicial, de acuerdo a los preceptos de la ley Micaela. 

Por otro lado, plantea que las políticas públicas incluidas en el proyecto de presupuesto apuntan a la reorganización integral del Fuero de Familia, la Oficina de Violencia y equipos interdisciplinarios, que requieren de una importante asignación de recursos para consolidar el abordaje integral de la prestación, especialmente en materia de violencia y género. 

De igual modo, señala que para continuar con la transformación institucional es necesario generar nuevas formas de acercamiento del servicio de justicia a las personas y la mejora de los procesos y estructuras organizativas. En ese marco, promueve la implementación de centros de servicios judiciales multipuertas.

El proyecto también contempla un proceso de modernización que implica la reestructuración de las áreas de soporte informático y la innovación de los sistemas administrativos y jurisdiccionales para incorporar tecnologías tendientes a la despapelización, automatización de trámites, aplicación de inteligencia artificial y servicios a los usuarios, a través de las mesas de entradas.



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