La remanida estrategia del garrote, ha causado dolor y muerte pero jamás trajo solución, ni aporto salida a nada.

Solo aportó muerte por represión, como las vidas que se perdieron recientemente: Santiago Maldonado, Rafael Nawel, Elias Garay. Son muertes que esperan sean condenados sus responsables políticos y materiales.

Los conflictos territoriales que el Estado ha causado a lo largo y ancho del territorio mapuce no se solucionan con represión y violencia. Se solucionarán con aplicación de derechos.

El gobierno de Rio Negro no aplica la Ley 26160, ni cumple lo que indica la mismísima Constitución Nacional Argentina, que habla de “(...) reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el registro de sus personerías jurídicas”. Incluso menciona claramente el acto de “(...) regular la entrega de otras -tierras- aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Lejos de cumplir con las leyes que tanto le gusta nombrar, la gobernadora Carreras se suma a Bullrich y a Pichetto para fomentar el odio racial y la ignorancia. Mientras defienden a Lewis, apelando el fallo que condena al usurpador británico, tienen la caradurez de hablar de Soberanía. Por otro lado, la sobredimensión de los medios de comunicación muestra a la Patagonia como un “territorio ocupado por el terrorismo mapuche” para justificar la nueva militarización de los territorios comunitarios y generar la represión que garantice la propiedad privada de los poderes locales, que han hecho marchas pidiendo nuevos derramamientos de sangre mapuche.

En la Patagonia no existe el “conflicto mapuche”. Existe el conflicto generado por un estado dispuesto a perpetuar la deuda con el pueblo mapuche. No se cumple ninguna de las obligaciones que exige la ley a los gobernantes provinciales y federales. Unas de las principales, es la de generar políticas de restitución territorial a las miles de familias desterradas desde sus lugares de origen a las periferias más empobrecidas de las ciudades patagónicas, en particular a las que son empujadas a sumarse al tremendo cordón de pobreza de Bariloche.

Por el contrario, el Estado Nacional hace su aporte a esta deuda eterna desguazando al INAI, que debe la implementación del Relevamiento desde hace 16 años y desplazando a Magdalena Odarda a pedido de los gobernadores. Como si todo esto fuera poco, ahora cree cumplir enviando un descomunal aparato represivo.

Esta represión y violencia solo dejará satisfecha a una derecha cargada de odio, pero agrandará la herida que sigue abierta en el pueblo mapuche, y que hoy sangra aún más ante un gobierno “nacional y popular” que se une en el objetivo de reprimir junto a esta derecha, la más cargada de violencia racial que ha surgido en el país.

Por Territorio, Justicia, Libertad: MARICIWEW MARICIWEW!!!

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