Aunque nos repugne el hecho de que un ex almirante y edecán de Pinochet participe en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, lo cierto es que no se le puede negar a Jorge Arancibia su asistencia a las instancias que estime dentro del ámbito para el cual fue elegido y sin que hasta aquí haya juicio o acusación fundada que lo inhabilite para el ejercicio de sus tareas dentro del esfuerzo por redactar una nueva Carta Magna.

Por supuesto que la mera relación con el régimen y el dictador que violaron sistemáticamente los derechos humanos debiera bastar para impedir que sujetos como él asuman tareas de Estado y se encuentren sin mácula legal alguna para desenvolverse en la vida civil, como en un alto cargo de elección ciudadana. Nuestra llamada Transición a la Democracia le permitió al mismo Tirano continuar oficiando como Comandante en Jefe del Ejército y asumir como senador de la República. Más aun, sabemos que cuando fue encarcelado en Europa a fin de ser sometido a un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, el propio gobierno de la época, su cancillería y un conjunto de políticos de derecha y de centro izquierda, oficialistas como opositores, se desgañitaron por traerlo a Chile para juzgarlo en nuestro país por delitos de lesa humanidad que, desde luego, tenían jurisprudencia en el Tribunal de La Haya.

Debemos asumir, también, que apenas un puñado de asesinos, torturadores y otros pudieron ser finalmente juzgados en Chile, después de un largo período en que se impuso “hacer justicia en la medida de lo posible”, un grosero eufemismo que pretendió dejar en la impunidad, no solo a los militares, sino a un largo listado de empresarios e instigadores civiles que colaboraron con los terribles crímenes cometidos, apropiándose también de empresas de la Corfo y del Estado, muchas de las que han cimentado su actual riqueza y poder. Estos recursos, además, les han servido para pervertir a la política y a los partidos, al tiempo de corromper los procesos electorales y la libre determinación de los gobiernos, jueces y parlamentarios.

Muy pocos en el mundo entendieron que los golpistas de 1973 y las expresiones políticas que los siguieron en La Moneda fueran capaces de consumar un pacto de gobernabilidad que diera origen a casi tres décadas de lo que se llamó la “democracia de los acuerdos” que en lo sustantivo consolidó la Constitución de 1980, el modelo económico neoliberal y el tutelaje de las FFAA. Lo cierto es que solo con la Explosión Social del 2019 en nuestra trayectoria cívica se puede poner un antes y un después; una situación pre revolucionaria que fuera interrumpida por la grave pandemia del Covid 19, pero que finalmente impusiera una salida política cuyo hito más memorable es la Convención Constituyente que de todas maneras debe funcionar con las cortapisas impuesta por el Poder Legislativo y esa espuria negociación de quórums y otros procedimientos.

Pero a pesar de tantas zancadillas, la elección correspondiente permitió la elección de casi un ochenta por ciento de miembros democráticos y una minoría de derecha como la que representa el mismo almirante Arancibia y otros constituyentes de idéntica filiación política, quienes rindieron tributo por años a las reglas del juego político e institucional heredado de la dictadura cívico militar. Personas que hoy, frente a los medios de comunicación, parecen forzadas a reconocer los horrores cometidos por el Régimen cívico militar, pero que no hay duda buscan dentro de la Convención Constituyente, perpetuar gran parte del legado institucional y económico del pinochetismo.

Pero es tan profunda la madurez ética y política de la mayoría ciudadana actual que de todas maneras se hará imposible retroceder o abortar la voluntad que hoy existe en el país de fundar una nueva realidad en que se consoliden la democracia participativa, los derechos de los trabajadores y de todas las minorías étnicas, así como la paridad de género y el cogobierno paritario. Al mismo tiempo que recuperar los derechos soberanos de Chile frente los recursos estratégicos de la minería, la industria forestal, los recursos hídricos y otros en manos de inversionistas extranjeros protegido por un conjunto de tratados comerciales que ofenden nuestra independencia y libre determinación.

Con el paso de los años es evidente que muchos de los que llevaron a Chile a tan grave crisis política y moral, salvarán ilesos de una justa condena. Lo más grave, es la falta de reparación que existe respecto de las decenas de miles de chilenos que fueron agredidos por la dictadura y su subsecuente posdictadura, tarea que todavía pudiera ser asumida y sancionada en favor de tantos familiares y herederos pendientes de justicia. Por algo en Europa después de casi ocho décadas se continúa persiguiendo la verdad y sembrando conciencia en las nuevas generaciones. Lo que también supone justicia y reparación.

De todas maneras, es mucho lo que se puede hacer todavía para que el país recupere los bienes que le fueron expoliados, lo que supone la propiedad del agua, de los yacimientos y las tierras ancestrales que les fueron arrebatados a los pueblos reconquistados y sometidos por el Estado de Chile. Tanto como un conjunto de empresas y administradoras de servicios que en la previsión y salud continúan humillando a sus usuarios, especulando con sus ahorros e imponiéndoles costos abusivos a sus tratamientos médicos y farmacéuticos.

De allí que resulte absurda la pretensión de los Arancibia y de los distintos voceros y medios derechistas de impedir que la Convención Constitucional trate asuntos de la contingencia cotidiana de los chilenos, como si fuera posible fijar normas efectivas y duraderas sin constatar la realidad en que viven los millones de habitantes del país que se busca servir y que, a juicio de los que advierten muchos expertos, dejará a Chile más pobre y desigual como herencia de un gobierno que debió ser derrocado de no ser por la crisis sanitaria y la represión fratricida ejercida por Piñera y sus aliados. De quien se espera que sea el último de los dilectos de Pinochet en La Moneda, si es que los ciudadanos son capaces de resistir la seducción de los nuevos “cantos de sirena” de la política y el poder empresarial que la sustenta.

Juan Pablo Cárdenas