En su articulado, define que el trámite es sin costo salvo que se opte por solicitar la intervención de un escribano público. También dispone que en caso de muerte del beneficiario, la transmisión del inmueble se encuentra exenta del pago de impuestos si la operación se realiza en un plazo no mayor a los cinco años. 

Aclara que ante un proceso de intervención judicial, el propio juez podrá verificar el cumplimiento de los requisitos mencionados. También señala que de resolverse una controversia por esta vía, será la autoridad administrativa la que proceda a la desafectación del bien, a establecer gravámenes o dictar las medidas que considere necesarias.

En ese sentido, destaca en sus fundamentos que el régimen instaurado en la legislación nacional -a través del art. 245 párrafo 3º-, permite que la afectación del bien pueda ser decidida judicialmente si media la petición de parte. La misma puede ser alcanzada por un proceso de divorcio, conclusión de convivencia o si hay beneficiarios incapaces o con capacidades restringidas. 

Sobre este punto, recuerda que la nueva legislación plantea que el criterio de beneficiario abarca tanto al propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes y en ausencia de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. 

Al respecto, puntualiza que al cambiar el paradigma la norma no exige la existencia de familia pero sí focaliza en que al menos uno de los beneficiarios habite la vivienda alcanzada por el beneficio protectorio.

A ello se debe agregar que el nuevo régimen dispone la inejecutabilidad del inmueble. No obstante, plantea que si existe la posibilidad de trabar embargos sobre el bien. Es decir que la normativa posibilita la acción de embargo y que, en caso de existir acreedores, estos puedan hacer valer su derecho en aquellos casos en los cuales por alguna razón legal cese el estado protectorio.