“Seguramente, la discriminación haya sido el precio pagado por poner en crisis un orden sexual binario, impuesto como natural”, dijo la senadora por Neuquén Lucila Crexell, al argumentar a favor de la Ley de de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. 

 

Su voto favorable lo basó en algunos indicadores que desnudan “el castigo que pesa sobre las identidades de género que no se corresponden con la versión heteronormativa”. Según relevamientos en algunas ONGs, citados en su exposición, “el 88 por ciento nunca accedió al mercado formal de trabajo, el 70 por ciento señala que su principal fuente de ingreso es la prostitución y un 15 por ciento menciona trabajos informales”.

La norma aprobada, entre otras cosas, propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. Y para la senadora, “el cupo trans en la administración pública, así como los incentivos que se destinan al sector privado, aspira a remover fácticamente la injusticia sociolaboral que atraviesa el colectivo. Pero además, el proyecto tiene un sentido profundamente reparatorio”.

Crexell consideró la aprobación de la Ley como un avance democrático, al asegurar que “su lucha es una lucha por más y mejor democracia. Porque, en definitiva, el desarrollo de cada persona no puede estar sujeto a su identidad del género, a su raza, a su orientación sexual, a su geografía, edad, discapacidad, religión, clase, o estatus. Nuestra misión como legisladores es asegurar el derecho a ejercer la ciudadanía desde las diferencias”