En 1924 fueron asesinados cientos de indígenas qom y moqoit en Chaco. La matanza fue silenciada durante décadas, pero permaneció viva en la memoria de los pueblos originarios, que la transformaron en lucha y pedido de justicia. Tribunales federales confirmaron un “juicio por la verdad” para determinar los responsables y, central, el rol del Estado en la violación de derechos.

“Mi mamá echaba lágrimas cada vez que recordaba aquel horror, pero hizo el esfuerzo de sobreponerse para buscar una reparación histórica”, dice Sabino Yrigoyen, uno de los 12 hijos que tuvo Melitona Enriquez, una de las últimas sobrevivientes de la Masacre de Napalpí. Melitona falleció en 2008 sin saber que, muchos años después, aquel esfuerzo por contar la matanza en la que gran parte de su comunidad fue asesinada, rendiría frutos. A principios de mes, a 13 años de su muerte y casi a 100 años del hecho, la Justicia Federal habilitó la realización de un juicio por la verdad que lleve “reparación histórica y simbólica” a los pueblos originarios argentinos que fueron reprimidos, perseguidos, cazados, asesinados y negados. El hecho fue confirmado por la Justicia como un crimen de lesa humanidad.

Sabino sigue viviendo en Chaco, y desde allí habla con Agencia Tierra Viva a la luz de la novedad que actualiza la lucha de su madre y de toda la comunidad qom y moqoit de la zona: la titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, habilitó la tramitación de un juicio por la verdad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos el 19 de julio de 1924 y sus días posteriores contra miembros de los pueblos qom y moqoit, que por entonces desarrollaban una huelga en sus labores de desmonte para reclamar por mejores condiciones de trabajo y de vida. Fueron reprimidos y perseguidos. Entre 200 y 300 integrantes de esas comunidades fueron asesinados. Sus cuerpos, calcinados o enterrados en fosas comunes. Y los hechos, tergiversados y negados por las autoridades nacionales.

Hace 16 años comenzó un juicio civil por la matanza que tuvo sentencia satisfactoria para las comunidades este marzo en la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Se trató de un juicio civil en el que el Estado nacional negó su responsabilidad. Sin embargo, en paralelo la Fiscalía provincial comenzó a investigar los hechos con una perspectiva penal en 2014, en una tarea que encabezó su Unidad de Derechos Humanos. En 2014 inició una investigación formal con el objetivo de esclarecer los hechos y, sobre todo, de aportar reparación a la comunidad.

“Buscamos desde el principio atender el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias, por un lado, pero también generar un acto de reparación histórica para los pueblos”, indicó el fiscal ad hoc Diego Vigay, quien comparte la Unidad especializada en Derechos Humanos con los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, y el fiscal federal Patricio Sabadini. En julio pasado solicitaron a la jueza la realización de un juicio por la verdad, que respondió satisfactoriamente a principios de septiembre.

Un juicio por la verdad: implicancias

“Entendemos que es la herramienta adecuada para que el Estado Nacional cumpla con sus compromisos internacionales de juzgar estos crímenes más allá del tiempo transcurrido y de un impedimento procesal como el hecho de no existir responsables vivos”, explicó a esta agencia Vigay tras recibir la gran noticia: por primera vez, la Justicia federal realizará un juicio por la verdad para repasar estos hechos.

La investigación fiscal preliminar duró seis años durante los que el equipo reunió testimonios de familiares de víctimas, de sobrevivientes, material periodístico audiovisual de los últimos años y de la época, investigaciones académicas, archivo, aportes de especialistas en diferentes temáticas vinculadas –desde genocidio indígena hasta expertos en aviones– e incluso conclusiones sobre trabajos de excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona.

El resultado dio una certeza: lo sucedido en la Masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad por parte del Estado argentino. Pero los responsables identificados, desde el Presidente del país Marcelo T. de Alvear y el ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo, las autoridades de la Reducción Napalpí hasta los jefes y efectivos –decenas de ellos, de las dotaciones de Napalpí, Quitilipi y Roque Sáenz Peña de la Policía de Chaco, de la Policía de Territorios Nacionales y de Gendarmería– están todos muertos.

Se solicitó, entonces, la realización de un juicio por la verdad tomando como antecedentes los procesos así llamados que se llevaron a cabo durante fines de los 90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Los responsables de aquellos crímenes no estaban muertos, sino beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Impunes, muchos de ellos declararon incluso en los juicios por la verdad.

A la luz de ese dato, para la jueza Niremperger la reparación “histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos” es tanto o más importante que la distribución de responsabilidades penales individuales. La magistrada destacó que “existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas Qom y Moqoit” y en base a ello, consideró “necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos”.

Así, la jueza confirmó la categoría de delitos de lesa humanidad para la represión, la matanza y la persecución que constituyó la Masacre de Napalpí, “cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica”.

No es la primera matanza originaria en manos del Estado que comporta esta calificación: en 2019 así fue calificada también la Masacre de Rincón Bomba sobre el Pueblo Pilagá en Formosa.

En el caso de Napalpí, el paso hacia adelante es el juicio por la verdad. “Es lo que buscó mi mamá toda su vida y lo que nosotros estábamos anhelando”, definió Sabino. Tenía 107 años Melitona cuando falleció. No llegó a declarar personalmente ante los fiscales, pero su relato de todas maneras llegó.

El camino hacia la verdad por la Masacre de Napalpí

Sabino fue uno de los hijos de Melitona que aportó las vivencias de su madre ante la Fiscalía, relato que ella mantuvo vivo a través de la tradición oral entre los suyos. “En un proceso muy interesante ya que era un tema tabú en la familia, en la comunidad, traumático y silenciado por el terror, las comunidades fueron descubriendo los testimonios de los y las sobrevivientes”, indicó Vigay. El equipo pudo sumar los testimonios de cuatro sobrevivientes: Melitona, Rosa Chara y Rosa Grilo (del Pueblo Qom) y Pedro Balquinta (del Pueblo Moqoit). Los últimos dos realizaron sus aportes de manera presencial. Todos eran niños y niñas al momento de los hechos. Salvaron sus vidas corriendo por semanas en los montes de la mano de algún familiar mayor.

El conflicto se concentró en la comunidad de Napalpí, a unos 130 kilómetros de la capital provincial, un paraje concentrado en manos del Estado nacional, que explotaba de la peor manera a los hacheros originarios y los reprimió salvajemente ante aquella protesta. Entre 200 y 300 hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños fallecieron producto de la balacera con la que 130 efectivos de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería atacaron una reunión de la comunidad durante al menos una hora, sin parar. Niños, mujeres y hombres fueron perseguidos por el monte y cazados hasta la muerte. Hasta un avión fue utilizado para tareas de inteligencia destinadas a definir cuántos y quiénes reclamaban mejoras. El saldo, los restos de las víctimas, fue eliminado a través de fogatas o fosas comunes.

Los aportes de historiadores especializados en la trama originaria de la Argentina también fueron fundamentales para la investigación. Entre elles, se destaca el del historiador qom Juan Chico junto a David García, Mario Fernández, Juan Carlos Martínez, Raquel Esquivel y hombres y mujeres de la Fundación Napalpí.

Para el historiador Marcelo Musante, que realizó aportes a la causa y es integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política indígena, la llegada de este juicio “responde al esfuerzo de la gente de Colonia Aborigen –que es como se llama ahora a Napalpí, donde sucedió la masacre– que sostuvo viva la memoria, la lucha por la verdad y la justicia a pesar del terror y el miedo, que pudo contar generación tras generación lo que pasó, de historiadores como Juan Chico, que trabajó incansablemente durante 15 años —falleció en junio pasado–”. Y se mantuvo expectante respecto del “impacto” que tendrá el debate oral y público ya que “habrá que ver qué acciones concretas se toman”.

En julio pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco y nacional participaron de la señalización del lugar donde ocurrió el hecho como sitio de memoria. “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, dice el cartel que se erige en un punto de Colonia Aborigen, similar al que identifica centros clandestinos de la última dictadura cívico militar. El secretario Horacio Pietragalla participó de la ceremonia.

La señalización “es parte de una política de Estado de reconocer las graves violaciones a los derechos humanos, como Napalpí y otras, y de buscar diferentes formas de reparación” para las comunidades que las sufrieron, explica a esta agencia Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría. Desde ese área aportaron a la causa federal por Napalpí una investigación, desarrollada por el historiador Alejandro Jasinski, que los fiscales de la unidad especializada calificaron de “exhaustiva” y “valiosa”.

El trabajo, de más de 250 páginas, inscribe los hechos en un “contexto represivo” no solo contra las comunidades originarias, sino contra el pueblo obrero en todo el territorio. Reafirma que la matanza fue ejecutada por un centenar de policías y civiles por orden de quien era presidente en el territorio chaqueño, con cargo de gobernador, Fernando Centeno, y denuncia el encubrimiento de parte de todos los poderes del Estado. «Pese a algunas denuncias, la masacre no trascendió ni produjo un impacto que forzara a los responsables del Estado a tener que investigar los hechos. Una parodia de investigación policial tapó el horror. El aparato judicial cerró el caso. En el Congreso de la Nación se empantanaron las investigaciones. El Poder Ejecutivo eludió su responsabilidad», planteó Jasinski.

Los pasos que siguen

La jueza habilitó a la Defensoría Pública Oficial de la Víctima, al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco como querellantes en el debate. Por estos días, deberá fijar fecha para la realización de la audiencia preliminar en la que deberán presentar el ofrecimiento de prueba –documentos históricos, testigos, informes–. Una vez ofrecida la prueba, la jueza tendrá tiempo para analizarla sin tiempos estrictos y recién luego de definir qué elementos serán parte del juicio y cuáles no, pondrá fecha.

Lo interesante del debate, espera Musante, es que “se pueda poner sobre la mesa el proceso y el contexto” en los cuales sucede la masacre “para que se pueda comprender que no fue un evento extraordinario, sino que estaba todo dado para que Napalpí en algún momento ocurriera”. El Estado como explotador, como maltratador, como anulador de los pueblos originarios. En ese marco, apunta el historiador, “es importante ponerle nombre y apellido a todas las personas que participaron, actores civiles que formaron parte, instituciones del Estado que formaron parte de la masacre. Eso no estuvo en el juicio civil y es fundamental”.

En cuanto a las posibilidades que este debate abre a futuro sobre el genocidio originario que el Estado argentino aplicó en el país, las posibilidades también son diversas. “Es un gran paso que el Estado reconozca una masacre masiva estatal contra originarios y ojalá que permita empezar a pensar en el genocidio en sentido amplio, qué pasó con las llamadas ‘Conquistas del Desierto’, cosa que el Estado nunca se planteó”, destacó Musante.

Por Ailín Bullentini/Agencia Tierra Viva