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12 de febrero de 2024

Charada legal: ¡multa de 2 millones de dólares por atraco de divisas de 700 millones de dólares!

La magra multa de 2 millones de dólares impuesta por el Tribunal Federal por la evasión monetaria de 700 millones de dólares de Díaz y Forti genera indignación y expone fallas judiciales. #mediosneuquen

"Veredicto controvertido: Desvío de fondos millonario genera una multa insignificante"

En un giro impactante de los acontecimientos, el Tribunal Federal de Rosario dictó lo que muchos en la industria exportadora de granos llaman un simple tirón de orejas para Díaz y Forti SA, la empresa detrás de las operaciones de Vicentin en 2020/21. Acusada de un plan de exportación masiva de un año sin liquidar las divisas resultantes, la empresa se enfrentó a una multa mínima en lugar de verse obligada a reembolsar al Banco Central los millones no declarados.

La decisión del tribunal, recibida con desdén generalizado, impone una ridícula sanción de dos millones de dólares, una mera fracción (menos del 0,3%) de los casi 700 millones de dólares evadidos mediante exportaciones no liquidadas. El sector, ahora bajo una nube de sospecha, expresa indignación por la indulgencia, considerando el impacto perjudicial para la industria.

Díaz y Forti, originalmente una empresa familiar recolectora y exportadora de granos con sede en Chaco, saltó a la fama en 2020 a través de un contrato con el asediado Vicentin SAIC. Sin embargo, su gloria duró poco ya que descubrieron un método ilícito para aumentar las ganancias evitando el mercado oficial de divisas.

La investigación reveló que, desde mayo de 2020 hasta el mismo mes de 2021, Díaz y Forti realizó exportaciones por cerca de 700 millones de dólares, las cuales no fueron reportadas al Banco Central. La empresa eludió las regulaciones utilizando el método de "contado con liquidación", ganando un 100% adicional en el proceso.

Los críticos argumentan que la decisión del tribunal de no obligar a Díaz y Forti a reembolsar los fondos no declarados al Banco Central plantea serias dudas sobre la rendición de cuentas. En cambio, simplemente se les exige que paguen una multa simbólica de dos millones de dólares, lo que pone de relieve las fallas del sistema legal.

Las implicaciones de tales acciones se extienden más allá de las preocupaciones financieras. Durante un período crítico del gobierno de Alberto Fernández, marcado por renegociaciones de deuda y desafíos económicos, la evasión de divisas tuvo graves consecuencias. La falta de reservas puso en desventaja al equipo económico, encabezado por Martín Guzmán, exacerbando el problema actual de salida de dólares.

Si bien Díaz y Forti intenta justificar sus acciones citando la necesidad económica durante el tumultuoso año 2020, el tribunal desestima su argumento. El juez que preside, Carlos Vera Barros, rechaza las afirmaciones de que la empresa se enfrentaba a una ruina financiera inminente y subraya que la evasión no estuvo justificada por un estado de necesidad.

Pese a la gravedad de las infracciones y al prolongado período de incumplimiento, el juez opta por una multa relativamente modesta de dos millones de dólares, teniendo en cuenta la posterior entrada de la empresa en concurso preventivo y cese de operaciones por las irregularidades cometidas.

En una decisión cuestionable, el tribunal parece priorizar la supervivencia de la empresa sobre una pena más sustancial que reflejaría la gravedad de los delitos. El resultado deja a la industria y al público cuestionando la eficacia del sistema legal para abordar delitos financieros de esta magnitud.

Fuente: Pagina12



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