Estas amenazas infundadas, que van más allá de la crítica política, generan una seria preocupación en el contexto actual.

La presidenta de la Cámara de Diputados expresó su solidaridad con Agustín Rombolá, titular de la Juventud Radical, quien también fue objeto de amenazas. Este clima enrarecido plantea interrogantes sobre la necesidad de fortalecer la seguridad digital y física de los representantes políticos.

La denuncia de Cecilia Moreau destaca la gravedad de estos actos, que no solo afectan a ella sino también a la institucionalidad democrática. La intervención de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina busca esclarecer y sancionar estos hechos, subrayando la importancia de salvaguardar la integridad de los representantes electos.

Este lamentable episodio pone de relieve la urgencia de fomentar un discurso político basado en el respeto y la tolerancia. La violencia verbal y las amenazas no solo atentan contra la seguridad de los políticos, sino que también debilitan el tejido mismo de la democracia.

En un momento en el que la sociedad espera liderazgo y serenidad, estas amenazas desafían la estabilidad del proceso electoral. La responsabilidad recae en todos los actores políticos y en la ciudadanía para promover un ambiente donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no de la intimidación.

Es imperativo que los organismos de seguridad y justicia aborden con celeridad estas amenazas, asegurando que quienes las perpetren rindan cuentas ante la ley.

La protección de la integridad de nuestros representantes es esencial para preservar la salud de nuestra democracia y garantizar un debate político