La trama se complica aún más, ya que Fariña, conocido por su participación como "imputado colaborador" en casos vinculados al empresario Lázaro Báez, había sido condenado previamente a 3 años y 6 meses de prisión por lavado de activos.

A pesar de haber obtenido la libertad condicional, se mantiene bajo la mira de la justicia y con la obligación de llevar una tobillera electrónica.

El juez Yadarola autorizó a Fariña a desplazarse en un radio de 150 kilómetros desde su domicilio en Escobar, pero su presencia en la financiera de Belgrano plantea preguntas sobre la naturaleza de sus actividades y conexiones en el mundo financiero.

La defensa de Fariña insiste en que su presencia en la "cueva" se debe a su amistad con uno de los propietarios, aunque las autoridades sostienen que estaba del lado del mostrador reservado para quienes no son clientes habituales. Este hecho sugiere que podría haber estado más involucrado en las operaciones de lo que inicialmente se afirmó.

Además, los allanamientos en las viviendas de los detenidos revelaron el decomiso de 10 teléfonos móviles, lo que indica la posibilidad de una red más amplia de participantes en estas actividades ilícitas.

La incertidumbre persiste sobre el verdadero papel de Fariña y cómo su presencia en la "cueva" financiera de Belgrano se relaciona con las operaciones cambiarias ilegales. A medida que la investigación judicial avanza, se espera que se aclaren los detalles y se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

Este nuevo episodio resalta la urgencia de abordar a fondo el problema del lavado de dinero y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el sistema financiero para prevenir futuros episodios similares.