La Justicia confirmó el rechazo al 'Movimiento Empresarial Antibloqueos' en un veredicto que ha generado polémica.

En esta decisión, la Cámara Civil respaldó la negativa a registrar esta asociación empresarial debido a sus objetivos dirigidos contra los "bloqueos sindicales extorsivos" que, según la institución, podrían resultar en la paralización de la actividad económica. El MEAB, abanderado por la abogada Florencia Arietto de Juntos por el Cambio, buscaba constituir una "Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier sector" para aquellos que sufran bloqueos sindicales o cualquier acto delictivo que afecte la actividad comercial.

La Inspección General de Justicia (IGJ) fundamentó su negativa en que los objetivos del MEAB entraban en conflicto con los derechos colectivos de los trabajadores, especialmente cuando involucraban la paralización de las empresas, calificándolos como "bloqueos sindicales extorsivos" o "acciones delictivas". La organización, en un intento por cumplir con los requisitos, modificó su objeto social, eliminando las referencias a los bloqueos sindicales, pero mantuvo el nombre MEAB.

Los jueces de la Cámara Civil sostienen que esta discrepancia entre el nombre y los objetivos de la entidad puede inducir a error a terceros sobre su verdadera naturaleza y actividad. La decisión, por tanto, se basa en la necesidad de evitar denominaciones que puedan generar confusiones sobre la misión y propósitos de la asociación.

Este fallo ha desatado un debate en la comunidad empresarial y sindical, y plantea cuestiones fundamentales sobre los límites de la libertad empresarial y el ejercicio de los derechos laborales.

La controversia persiste, ya que algunos argumentan que la decisión de la Justicia podría coartar la capacidad de las empresas para protegerse de situaciones que consideran perjudiciales, mientras que otros ven en ella un importante respaldo a los derechos de los trabajadores y la lucha contra la extorsión sindical.