En un importante desarrollo legal en la Ciudad Judicial, un tribunal colegiado dictó una sentencia significativa en el caso de JGM, quien fue condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio de su expareja.

El fiscal jefe, Agustín García, había solicitado inicialmente una condena de 15 años.

La determinación de la pena se basó en varios factores agravantes evaluados por el fiscal García. Estos incluyen la ubicación del incidente, que tuvo lugar cerca de una escuela, en plena luz del día y en un lugar público. Además, se destacó que el intento de feminidio no se pudo consumir no debido a la elección del acusado, sino gracias a la intervención de terceros. La magnitud del daño infligido a la víctima también fue un factor crucial, ya que sufrió 16 heridas punzocortantes que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.

Por otro lado, se demostró como un factor atenuante que el acusado no tenía antecedentes penales computables.

La abogada querellante, representando a la víctima, respaldó las agravantes y atenuantes presentadas por el fiscal, y solicitó una pena de 15 años de prisión.

Los delitos por los cuales el acusado fue condenado incluyen tentativa de homicidio, agravada por la relación de pareja preexistente y por ser perpetrada por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio). Esto se suma al cargo de desobediencia a una orden judicial, todos en calidad de autor (según los artículos 80 incisos primero y once, 239, 42, 55 y 45 del Código Penal).

En el curso del juicio, la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo demostraron que el 22 de septiembre del año pasado, JGM violó una orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima. En un trágico giro, intentó asesinarla mientras ella se dirigía a su hogar. La discusión comenzó a raíz de una denuncia previa que ella había presentado. El acusado infligió al menos 16 heridas punzocortantes antes de ser detenido por personas que se encontraban en el lugar, en un vecindario de la ciudad de Neuquén.

Los jueces que presidieron el tribunal determinaron por unanimidad una pena de 12 años de prisión. La sentencia completa, con los argumentos que respaldan esta decisión, se entregará a las partes involucradas en el plazo legal.

El acusado, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger la intimidad de la víctima, continuará bajo prisión preventiva hasta que la pena sea definitiva. Este caso destaca la importancia de abordar de manera contundente los crímenes de género y proteger a las víctimas en todo momento.

Fuente: Ministerio Publico Fiscal