El gobernador Omar Gutiérrez ha presentado un proyecto de ley de gran relevancia en el ámbito de la seguridad pública.

Este proyecto busca establecer un sistema interconectado a nivel provincial para la transmisión en tiempo real de datos, imágenes y sonidos con el propósito de prevenir delitos y responder eficazmente a emergencias. Se trata de una iniciativa innovadora que se basa en la regulación de videocámaras en espacios públicos, y esta propuesta implica la derogación de la ley 2762 actualmente en vigor.

La implementación y supervisión de esta ley recaerán en la Secretaría de Seguridad, que actuará como autoridad competente. Esta entidad tendrá la responsabilidad de autorizar la instalación de cámaras, así como de custodiar las imágenes y datos recopilados, determinando su uso posterior, incluyendo la posibilidad de destrucción.

Uno de los aspectos fundamentales de este sistema es la grabación continua de los dispositivos, junto con la obligación de difundir públicamente la ubicación de las cámaras de manera clara y permanente. Además, se establece un estricto deber de secreto y confidencialidad, reservando el acceso a la información a través de resoluciones judiciales.

La normativa también prevé la creación de un registro detallado de los dispositivos que conforman el sistema de videoseguridad, incluyendo información sobre su ubicación, estado operativo, características técnicas y las personas habilitadas para su uso.

En lo que respecta a la protección de los derechos individuales, cualquier persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso y cancelación de grabaciones ante la autoridad judicial competente, en caso de considerar que se ve afectada.

La custodia de las grabaciones estará a cargo de la policía provincial, como operadora del sistema, con restricciones para la manipulación del material y la obligación de mantener las grabaciones disponibles durante un plazo determinado según la reglamentación de la ley. Las grabaciones relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, investigaciones policiales en curso o procesos judiciales o administrativos abiertos no podrán ser destruidas.

Este proyecto de ley responde a los avances tecnológicos recientes y busca crear nuevas condiciones técnicas y normativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como optimizar la gestión de recursos y tiempos de respuesta en situaciones de emergencia. Además, promueve la participación ciudadana y la protección comunitaria, lo que lo convierte en una herramienta clave para el fortalecimiento de la seguridad pública.

El gobernador destaca que esta iniciativa forma parte de una política de prevención integral que involucra tanto a organismos gubernamentales como no gubernamentales, con el objetivo de reforzar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia.

El proyecto de ley, identificado como 16211, fue presentado ante Mesa de Entradas de la Legislatura el 6 de septiembre y promete ser un paso importante hacia un enfoque más moderno y efectivo en la seguridad pública provincial.