ATE Río Negro ha dado un paso hacia la resolución del conflicto laboral al aceptar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial.

Sin embargo, el gremio ha establecido condiciones cruciales para su apoyo. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro ha aceptado la oferta del Ejecutivo provincial de otorgar una suma fija de $60 mil a los trabajadores estatales. No obstante, han planteado la demanda de que esta suma no tenga "topes" en función de los salarios y que abarque a todos los empleados públicos.

En un plenario gremial reciente, se ha decidido mantener el estado de asamblea permanente y se ha dejado abierta la posibilidad de llevar a cabo protestas hasta que el Gobierno de Arabela Carreras responda a sus solicitudes.

La propuesta del Gobierno provincial, presentada ayer, consiste en un bono de $60 mil que se dividirá en dos cuotas iguales a pagarse en septiembre y octubre. Este bono se destinará a los trabajadores con salarios netos por debajo de los $400 mil, en concordancia con la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa.

Además, se ha establecido que se llevará a cabo una revisión de la pauta salarial en una próxima reunión programada para el 14 de septiembre. Sin embargo, la inquietud surge para los empleados que no están contemplados en esta suma fija. Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro, considera que esto constituye una "discriminación" hacia estos trabajadores.

Vicente ha manifestado la posibilidad de continuar con medidas de fuerza para denunciar esta discriminación, especialmente en el caso de los empleados rionegrinos que alcanzan los $400 mil a través de horas extras y puntos de guardia. Como respuesta a esta situación, el gremio ha reafirmado su estado de alerta, asamblea permanente y movilización, con la intención de llevar a cabo protestas mientras esperan la reunión paritaria programada para el próximo jueves.

Esta aceptación de la propuesta salarial representa un avance en las negociaciones, pero el conflicto laboral persiste debido a la preocupación por la inclusión de todos los trabajadores estatales en los beneficios y la posible discriminación que algunos de ellos puedan experimentar.