El panorama legislativo se agita con la llegada de una nueva propuesta que busca poner en orden el mercado de alquileres temporales para uso turístico.

La iniciativa, liderada por la congresista Ana María Ianni del Frente de Todos, se enfrenta al desafío de regular y desdolarizar plataformas como Airbnb, las cuales operan al margen de las regulaciones estatales. Esta propuesta, a la vez que se adentra en terreno político, aspira a imponer sanciones en caso de incumplimiento.

La conjunción de las comisiones de Legislación General y de Turismo del Senado inaugura el análisis de este jueves, donde se examinará este proyecto de ley. Su propósito es claro: poner bajo una normativa precisa los contratos de arrendamiento temporal de propiedades para fines turísticos.

De manera paralela, esta iniciativa guarda similitudes con un enfoque presentado por la también kirchnerista Paula Penacca en la Cámara de Diputados. El plan contempla la regulación de los acuerdos de ubicación temporal acompañados por multas específicas en el ámbito turístico.

La definición crucial radica en el rango de tiempo: según el texto del proyecto, un inmueble solo será considerado en alquiler temporal si su ocupación oscila entre 1 y 90 días. Esta delimitación precisa se propone abarcar a todas las partes involucradas en este tipo de arrendamientos, desde los propietarios o administradores con autorización para la comercialización temporal, hasta los huéspedes y cualquier individuo que anuncie o promueva viviendas de alquiler turístico en diversos medios.

Para robustecer aún más esta propuesta, se propone la creación de un Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario bajo el resguardo del Ministerio de Turismo. Además, se establece un requisito para las plataformas digitales que facilitan, gestionan o concretan contratos de arrendamiento temporal con multas turísticas. Estas plataformas deberán habilitar un espacio en su interfaz donde los propietarios reporten el número de registro para cada unidad. La eliminación de publicaciones que carezcan de este número de inscripción será procedente, previa notificación formal al propietario o administrador de la unidad en cuestión.

Esta propuesta legislativa, que busca poner fin a la opacidad y el desorden en los alquileres temporales para uso turístico, se alza como un paso importante hacia una regulación más coherente y estructurada en este sector en constante crecimiento.