La reciente reforma constitucional llevada adelante por el gobernador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy ha despertado una profunda controversia y un claro rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad.

La Multisectorial, compuesta por sindicatos, organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, campesinos e indígenas, ha presentado un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia, argumentando que se han vulnerado los derechos fundamentales de las comunidades y exigiendo la nulidad del proceso de modificación parcial de la Constitución provincial.

El principal argumento de los demandantes se basa en la falta de consulta previa, libre e informada, así como en la violación de los estándares internacionales de derechos humanos. El derecho a la consulta, consagrado en el convenio 169 de la OIT y ratificado por la ley 24071, es un instrumento jurídico de carácter obligatorio para el Estado, y su omisión en este proceso constituye una clara vulneración.

La reforma constitucional también ha sido duramente criticada por su falta de debate y participación ciudadana. El texto propuesto fue dado a conocer al pueblo jujeño apenas unos días antes de su aprobación, dejando poco margen para un análisis profundo y una deliberación adecuada. Este proceder limitado y apresurado ha generado un fuerte rechazo y ha alimentado la sensación de que esta reforma responde a intereses económicos y multinacionales, en detrimento de los derechos y garantías de los trabajadores jujeños.

La aprobación de la reforma constitucional, seguida de una violenta represión policial en las calles, ha generado un clima de tensión y movilización social en la provincia. La Multisectorial destaca las acciones pacíficas emprendidas en los concejos deliberantes de distintos municipios y vocalías jujeñas, buscando declaraciones de rechazo a la reforma. Además, diversos cortes de ruta se han llevado a cabo en señal de protesta, poniendo de manifiesto el descontento y la inconformidad de la población.

Ante este panorama, resulta imprescindible suspender la aplicación del texto aprobado por la reforma hasta que se resuelvan los reclamos y se garanticen los derechos vulnerados de las comunidades. Asimismo, se hace necesario un nuevo proceso de reforma constitucional que cumpla con los estándares legales y democráticos establecidos.

En conclusión, la reforma constitucional llevada adelante por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy ha generado una profunda preocupación debido a las irregularidades en el procedimiento, la falta de consulta previa y la violación de los derechos fundamentales. Desde una perspectiva politológica crítica, resulta evidente que esta reforma favorece intereses económicos y multinacionales en detrimento de los derechos de los trabajadores y las comunidades. Es imperativo que se atienda a las demandas de la Multisectorial y se garantice un proceso de reforma constitucional adecuado y participativo, en línea con los principios democráticos y los estándares internacionales de derechos humanos.

Fuente: Telam