Industria del cannabis avanza en Argentina, pero detenciones por posesión mínima plantean paradoja. Gerardo Morales impulsa su expansión.

La industria del cannabis avanza rápidamente en Argentina, pero plantea una paradoja en términos de derechos humanos, ya que mientras se esperan ganancias millonarias por la producción y exportación de productos derivados de la planta, miles de personas siguen detenidas por posesiones mínimas de marihuana.

Las expectativas en torno a este nuevo mercado en el país sudamericano han captado nuevamente la atención en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre, ya que uno de los principales impulsores de la regulación es también uno de los protagonistas de la contienda política.

Nos referimos al conservador Gerardo Morales, gobernador de la provincia norteña de Jujuy, quien sorprendió hace años al convertirse en un ferviente defensor de políticas para fomentar la expansión de la industria del cannabis.

Un ejemplo de su interés personal en el tema es que ayudó a su hijo mayor, Gastón Morales, a obtener en 2019 la autorización para crear en Jujuy el primer centro estatal de elaboración de cannabis medicinal en Argentina.

Cuatro años después, el gobernador se postula como candidato a la vicepresidencia en la fórmula liderada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos forman parte de la coalición de derecha conocida como Juntos por el Cambio.

Desde que oficializaron sus candidaturas, sus opositores han viralizado ocasionalmente una foto que se tomaron el año pasado en uno de los cultivos de cannabis del Gobierno de Jujuy. Este intento busca acusarlos de defender "las drogas", aunque la realidad es que el atractivo negocio representado por la estigmatizada planta trasciende las ideologías.

La regulación de la marihuana en Argentina se intensificó a partir de 2017, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando el Congreso aprobó la Ley de Cannabis Medicinal.

Su sucesor, Alberto Fernández, creó el año pasado la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), cuya tarea principal es otorgar licencias de producción de la planta con fines industriales. Aunque los trámites están en curso, ya existen 49 proyectos de investigación tanto públicos como privados.

Al presentar el nuevo organismo, el presidente reconoció que la intención es generar 10.000 empleos en los próximos 10 años, así como obtener ganancias por 500 millones de dólares en ventas en el mercado interno y 50 millones de dólares en exportaciones.

Además, se estableció el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), un sistema dependiente del Ministerio de Salud que otorga permisos de autocultivo y cultivo solidario con fines terapéuticos.

Gracias a este programa, al cual ya se han inscrito 200.000 usuarios, cada persona que solicita un permiso puede tener hasta nueve plantas en floración en su domicilio, y en espacios públicos pueden poseer un máximo de 40 gramos de flores secas y/o seis frascos de 30 mililitros de aceite.

En resumen, la industria del cannabis en Argentina está en pleno crecimiento y se espera que genere importantes beneficios económicos. Sin embargo, persiste una paradoja en cuanto a la detención de personas por posesión mínima de marihuana, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia de las políticas implementadas. La regulación de esta planta ha cobrado protagonismo en el ámbito político, especialmente con la participación del gobernador Gerardo Morales, quien ha sido un defensor destacado de su expansión. A pesar de las críticas y acusaciones, el negocio del cannabis trasciende las ideologías y se posiciona como un mercado atractivo para el país.