En respuesta a una medida judicial sorpresiva, el allanamiento a la residencia de Milagro Sala, dirigente social y referente de la organización Túpac Amaru, ha generado un amplio rechazo por parte de diversas organizaciones y líderes políticos.

El allanamiento, llevada a cabo por las fuerzas policiales el pasado jueves en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, se enmarca en una causa derivada de las recientes manifestaciones en Jujuy. Los registros tienen la intención de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, según allegados a Sala, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

El juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, fue el responsable de ordenar dicho procedimiento, con la participación del fiscal Diego Funes. Cabe destacar que la medida contó con el respaldo de perros adiestrados que revisaron minuciosamente toda la propiedad, incluyendo la habitación ocupada por Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo y en sus últimos días, según su familia.

La reacción de Milagro Sala no se hizo esperar, al denunciar que el gobernador jujeño, Gerardo Morales, pretende volver a encarcelarla y responsabilizarla de los acontecimientos ocurridos el 20 de junio, cuando el pueblo jujeño se manifestó en contra de la reforma constitucional. Asimismo, Sala hizo hincapié en que no solo ella, sino también otros militantes, jueces y fiscales de Jujuy están siendo objeto de allanamientos y amenazas.

Durante el allanamiento, que se llevó a cabo con la presencia de al menos 15 personas en el domicilio, se confiscaron los teléfonos celulares de todos los residentes y se recolectaron registros relacionados con la organización Tupac Amaru. Además, se evitó la incautación de dinero perteneciente a Raúl Noro.

El médico Jorge Rachid, quien ha estado monitoreando la salud de Milagro Sala, relaciona este allanamiento con tres intentos previos de trasladarla a la cárcel mediante una junta médica, que, según afirma, se llevó a cabo con una orden ilegítima. Rachid subraya la necesidad de que Sala reciba tratamiento médico especializado, el cual solo puede ser proporcionado en Buenos Aires por la Fundación Favaloro.

La gravedad del cuadro de salud de Milagro Sala, que incluye la presencia de trombosis, ha sido destacada por Rachid, quien advirtió sobre los posibles riesgos de una embolia pulmonar o cerebral. Para él, el estado de salud de Sala se ve amenazado por la falta de respuesta al tratamiento médico adecuado y por las circunstancias relacionadas con su privación de libertad y la situación de su marido.

Durante el allanamiento, se impidió la entrada de los hijos y del personal de salud al domicilio, lo cual fue considerado como un acto inhumano por parte de integrantes del Poder Judicial jujeño y la policía. A pesar de las circunstancias, Raúl Noro permaneció en la residencia, recibiendo atención médica profesional.

El fiscal Funes, del Ministerio Público de la Acusación, solicitó el allanamiento con el propósito de obtener pruebas que aclaren la posible instigación a cometer delitos durante los episodios violentos recientes. La investigación se basa en declaraciones de una persona que afirma haber recibido dinero por parte de Sala para confeccionar banderas.

La CTA Autónoma ha expresado su repudio hacia la persecución y mensaje contra Milagro Sala, exigiendo el cese de la persecución a líderes sociales, sindicales y políticos. Según la entidad, el gobernador Gerardo Morales persiste en su hostigamiento hacia Sala, negándole el acceso a un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires y buscando trasladarla a un penal bajo el pretexto de responsabilizarla de las protestas contra la reforma inconstitucional promovida por el propio gobernador.

En conclusión, el allanamiento "irregular" a la casa de Milagro Sala ha generado un amplio repudio, tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones de persecución política y la preocupación por su estado de salud han sido los principales temas de debate en este caso. La situación de Sala no solo plantea cuestiones relacionadas con su propia integridad y derechos, sino también con el respeto a los principios fundamentales del Estado de derecho y la protección de los líderes sociales en un contexto político complejo.

Fuente: Telam