Las provincias de Río Negro y Neuquén se encuentran en una encrucijada con respecto al futuro de las represas del Comahue.

La conclusión de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila está generando un debate político y técnico entre las partes involucradas.

Es fundamental examinar detenidamente esta situación. La conformación de una mesa "político-técnica" para abordar esta cuestión es un primer paso, aunque es necesario preguntarse quiénes conformarán dicha mesa y cuál será su grado de representatividad.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció a través de Twitter la creación de esta mesa, después de reunirse con el ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, es importante cuestionar si la participación de los gobernadores en ejercicio y los mandatarios electos garantiza una verdadera representación de los intereses de las provincias y de la ciudadanía en general.

Además, la reciente instrucción de la secretaria de Energía, Flavia Royon, a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) para asumir temporalmente la operación de las centrales hidroeléctricas ha generado tensiones entre los dirigentes provinciales. Es necesario evaluar si esta medida responde a una estrategia legítima o si es una forma de ejercer mayor control centralizado sobre los recursos y la energía de la región.

Asimismo, es fundamental considerar el impacto ambiental y social de las represas del Comahue. Estos proyectos han sido objeto de controversia debido a sus implicaciones en los ecosistemas locales y en las comunidades que dependen de los ríos Limay y Neuquén. La mesa "político-técnica" debe abordar de manera transparente y equitativa estos aspectos, involucrando a expertos en medio ambiente y a representantes de las comunidades afectadas.

En conclusión, el futuro de las represas del Comahue es un tema complejo que requiere una evaluación crítica desde diversos ángulos. La conformación de una mesa "político-técnica" es un primer paso, pero es necesario asegurar la representatividad, considerar los impactos ambientales y sociales, y fomentar un diálogo transparente y equitativo entre todas las partes involucradas. Solo así se podrá tomar una decisión informada y justa sobre el manejo de estas centrales hidroeléctricas en beneficio de las provincias y de toda la ciudadanía.

Fuente: Telam

Por Gustavo Garcia