La sanción de estas leyes es un paso en la dirección correcta, aunque llega con un retraso exasperante.

Durante meses, los trabajadores estatales han soportado una carga tributaria injusta, viendo cómo una parte significativa de sus salarios se desvanecía en manos del voraz impuesto a las ganancias.

Es inadmisible que hayan tenido que transcurrir tantos meses de lucha y reclamos para que se aprueben estas medidas. Mientras tanto, los salarios de los empleados públicos se veían diezmados por un sistema tributario desigual y despiadado. Este retraso ha causado un perjuicio incalculable en las economías de miles de familias, sumiendo a los trabajadores en una situación de precariedad financiera y afectando su calidad de vida.

La demora en la sanción de estas leyes refleja la falta de voluntad política y la indiferencia de nuestros representantes hacia las necesidades reales de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que los intereses partidistas y las disputas internas prevalezcan sobre la urgencia de aliviar la carga fiscal de los trabajadores estatales?

La Cámara aprobó por unanimidad las leyes del impuesto a las ganancias en los salarios de estatales y legislativos, N°3378 y N°3379.

Es importante reconocer que estas leyes son un paliativo necesario, pero también es necesario exigir cambios estructurales profundos en el sistema tributario. El impuesto a las ganancias debería ser revisado en su totalidad, eliminando las inequidades y garantizando que aquellos que más ganan contribuyan de manera justa y proporcional.

Es hora de que nuestros representantes asuman su responsabilidad y actúen en beneficio de los ciudadanos que los eligieron. No podemos permitir que la burocracia y la ineficiencia continúen perjudicando a los trabajadores estatales y minando la confianza en nuestro sistema político.

Esperamos que estas leyes sean implementadas de manera efectiva y que los trabajadores estatales puedan finalmente respirar aliviados. Pero también debemos mantenernos vigilantes y exigir cambios más profundos que garanticen una justicia tributaria duradera. El bienestar de nuestros trabajadores y sus familias está en juego, y no podemos permitirnos más demoras y excusas.

Por Gustavo Garcia