En su discurso anual, la Gobernadora de las Islas Malvinas, Alison Blake, presentó el presupuesto para el próximo año, en un intento de consolidar la ocupación ilegal del territorio.

La Gobernadora afirmó que el presupuesto prioriza la estabilidad y la economía local, pero esto ignora por completo el contexto histórico y legal de las Islas Malvinas. La comunidad malvinense no puede ser considerada legítima mientras el territorio siga siendo objeto de una usurpación ilegal por parte del Reino Unido.

Además, es importante destacar que el presupuesto parece estar más enfocado en promover el turismo y los intereses comerciales. La construcción de una nueva instalación portuaria, una central eléctrica y una instalación de gestión de desechos pueden ser proyectos de interés económico, pero ¿qué beneficios reales traen para los malvinenses que luchan por su autodeterminación?

Si bien se menciona un aumento salarial para los empleados gubernamentales, este incremento es insuficiente para compensar la difícil situación económica que enfrenta la población malvinense debido al aislamiento y a las restricciones impuestas por la ocupación ilegal. Además, la atención a las personas vulnerables y el mantenimiento de infraestructuras básicas no deben ser considerados como logros extraordinarios, sino como obligaciones mínimas por parte del gobierno ocupante.

El presupuesto también destaca el aumento en las pensiones de jubilación y las asignaciones familiares. Sin embargo, estas medidas parecen ser simplemente una forma de apaciguar a la población, mientras que la ocupación ilegal continúa privando a los malvinenses de sus derechos fundamentales.

Es preocupante que el turismo sea considerado como una fuente vital de ingresos para las Islas Malvinas. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera intención del gobierno ocupante, ya que parece estar más interesado en explotar los recursos naturales y promover la imagen de un territorio "normalizado", en lugar de abordar la cuestión de la soberanía.

En resumen, el presupuesto presentado por el gobierno de las Islas Malvinas para el año 2023/24 es una clara muestra de los esfuerzos por parte del Reino Unido para legitimar su usurpación del territorio.

Es fundamental recordar que las Islas Malvinas son parte integral del territorio argentino, y que cualquier medida tomada por el gobierno ocupante carece de legitimidad. La comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos de Argentina para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas y garantizar el respeto de los derechos de los malvinenses.

Fuente: Mercopress