La Inspección General de Justicia (IGJ) ha emitido un dictamen en el cual declara "irregular" el fideicomiso de Maratea y solicita la designación de un interventor judicial.

Según la entidad dependiente del Ministerio de Justicia, el influencer Santiago Maratea y el ex arquero Miguel Ángel "Pepe" Santoro han intentado "burlar la competencia" de la IGJ para evitar el control de legalidad que implica su intervención.

En su resolución, la IGJ critica fuertemente la decisión de inscribir el fideicomiso en la provincia de Neuquén en lugar de hacerlo en Buenos Aires, como establece la regulación vigente. Además, cuestiona las sumas de dinero que recibiría Maratea como fiduciante, así como los gastos y honorarios del resto de los integrantes del fondo.

La IGJ también pone en tela de juicio la cuenta recaudadora en Mercado Libre, ya que no está registrada como "entidad financiera" ante el Banco Central, sino simplemente como un proveedor de pago.

En cuanto a la inscripción en una provincia ajena, la IGJ acusa a Maratea y a Santoro de intentar evitar el control de legalidad y de cometer un fraude interjurisdiccional. Destaca que Santoro tiene domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, mientras que Maratea lo declara en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ llama la atención sobre el hecho de que el fideicomiso establece que el Colegio de Escribanos de Neuquén no podrá ejercer ningún tipo de control de legalidad sobre el contrato, lo cual va en contra de las facultades propias del organismo encargado del Registro Público.

El dictamen también revela que Maratea fijó domicilio en Neuquén para poder inscribir el fideicomiso en esa provincia, a pesar de que las leyes neuquinas estipulan que el registro debe ser realizado por aquellos cuyos bienes se encuentren en dicha jurisdicción.

Ante esta situación, la IGJ solicita la designación de un interventor judicial que supervise y comunique el estado de los actos de administración realizados por Maratea como fiduciario.

El abogado del fideicomiso, Claudio Levy, ha afirmado en declaraciones radiales que "Pepe" Santoro es el fiduciante y que la elección de Neuquén como sede se debe a su facilidad para los trámites administrativos.

Levy también aseguró que el contrato es más simple de lo que parece y que Santoro aportó 32.000 pesos para cubrir los gastos de constitución del fideicomiso. Según el abogado, el fideicomiso cuenta con un patrimonio de afectación directo que corresponde a ese monto.

La resolución de la IGJ y la posterior solicitud de intervención judicial plantean interrogantes sobre la legalidad y transparencia del fideicomiso de Maratea y sus implicaciones en la ayuda a Independiente de Avellaneda. La disputa entre las partes involucradas promete continuar y generar un debate en torno a la regulación de los fideicomisos y la responsabilidad de los influencers en este tipo de iniciativas.

Fuente: Telam