La situación actual es alarmante y merece una profunda crítica. Nos encontramos ante un escenario donde la violencia de género sigue prevaleciendo y, desafortunadamente, el gremio al cual pertenecemos no nos brinda el apoyo necesario.

Nos vemos obligados a dar la cara y enfrentar esta situación en solitario, ya que carecemos de los privilegios y fueros que podrían ampararnos.

La incertidumbre y el miedo se apoderan de algunos de nuestros compañeros, quienes se ven obligados a enfrentarse de manera democrática a las autoridades y al propio gremio. Es fundamental que los diputados y representantes del pueblo comprendan y valoren el coraje que demuestran nuestros compañeros, especialmente nuestras compañeras, al plantarse firmes y no resignarse más a esta realidad.

No solo estamos hablando de un simple procedimiento administrativo, sino de una crisis institucional democrática que pone en peligro la integridad del Estado. Aquellos a quienes ustedes representan, parecieran estar en manos de individuos inescrupulosos que han despilfarrado enormes sumas de dinero en pos de un resultado electoral.

La legislatura, que debería ser el bastión de las leyes, se encuentra hoy con un déficit de 500 millones de pesos. Se han malversado cerca de 2000 millones de pesos en inversiones de alto riesgo por simple conveniencia política. Es necesario que alguien rinda cuentas y dé explicaciones por esta situación.

Si ya existe un déficit de 500 millones de pesos, podemos suponer que los salarios de los trabajadores están en peligro. Sumado a esto, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ha anunciado un déficit de 8 mil millones de pesos en los próximos tres meses. Entonces, nos preguntamos qué está sucediendo con la administración pública en esta provincia.

Es evidente que nos encontramos ante una gestión deficiente, irresponsable y sin rumbo claro. Los ciudadanos merecen respuestas y soluciones concretas. La crisis financiera y la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos ponen en jaque la estabilidad económica y la confianza en las instituciones.

Es hora de que se asuman las responsabilidades correspondientes y se implementen medidas urgentes para revertir esta situación. Los ciudadanos merecen una gestión pública eficiente y honesta, donde se priorice el bienestar de la población por encima de cualquier interés personal o político.

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