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10 de mayo de 2023

"Marchi rompe el silencio: Desvela los motivos detrás de su destitución relacionados con Robles"

"Marchi expone encubrimiento y corrupción en la Corte Suprema: Robles y Althabe en el centro de las acusaciones".

En un intenso testimonio ante la comisión de Juicio Político, el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, reveló detalles perturbadores sobre el manejo turbio de la obra social de los judiciales y su posterior destitución.

 

Marchi afirmó valientemente que su negativa a encubrir a Silvio Robles, estrecho colaborador del ministro Horacio Rosatti, y al presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Mariano Althabe, fue la razón detrás de su desplazamiento.

En un tenso intercambio con el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, Marchi expuso las irregularidades en la OSPJN, una de las causales de los juicios políticos contra los cuatro ministros de la Corte: Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti. Durante seis horas, Marchi dejó en claro que la transparencia y la integridad brillan por su ausencia en la máxima instancia judicial del país.

El exadministrador no escatimó en detalles al revelar que Horacio Rosatti, en un intento desesperado por proteger a Althabe, le ordenó destruir parte del expediente del funcionario. Sin embargo, Marchi se negó enérgicamente, prefiriendo mantener su dignidad a costa de su empleo. Desafió las amenazas del ministro y presentó el expediente del cuestionado Althabe ante las autoridades judiciales.

Marchi no solo acusó a Rosatti de descuidar los ingresos destinados a la salud de más de 100.000 afiliados, sino también de manejar de forma informal otros fondos relacionados con la obra social. Sus revelaciones pusieron en evidencia un sistema corrupto que socava la confianza en la Corte Suprema y deja en entredicho la imparcialidad de las decisiones judiciales.

En un giro aún más alarmante, Marchi señaló a Silvio Robles, denunciando su presunta participación en contratos destinados a influir en las decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante en materia penal del país. Estas acusaciones plantean serias dudas sobre la integridad y la independencia del sistema judicial argentino.

La exposición de Marchi ante la comisión de Juicio Político deja al descubierto un entramado de encubrimiento y corrupción en la Corte Suprema, poniendo en tela de juicio la integridad de sus miembros y la confianza en el sistema judicial argentino en su conjunto. Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva y se tomen medidas contundentes para restaurar la transparencia y la imparcialidad en la máxima instancia judicial del país.

"Marchi revela presuntas negociaciones y tráfico de influencias en la Corte Suprema"

En su declaración explosiva ante la comisión de Juicio Político, Marchi señaló que la Cámara Federal de Casación Penal recibió supuestos "pedidos" de Silvio Robles, confiable colaborador de Horacio Rosatti. Según Marchi, uno de los fallos que habrían sido objeto de negociación estaba destinado a favorecer la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de Santa Fe.

La causa en cuestión estaba bajo la jurisdicción del juez Reinaldo Rodríguez hasta el año 2021, cuando fue recusado por el presidente de la Corte. Marchi lanzó una denuncia explosiva sobre posibles contratos otorgados con el propósito de influir en fallos judiciales, lo que podría constituir un delito. Según su testimonio, Silvio Robles habría sido el encargado de solicitar dichos contratos por orden de Horacio Rosatti, específicamente relacionados con la causa en la que Rosatti era demandado por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, quien afirmaba haber entregado dinero mensualmente al ministro.

Estas acusaciones ponen de manifiesto un escenario turbio y preocupante de supuestas negociaciones ilegales y tráfico de influencias en la Corte Suprema. Si se confirman estos hechos, se estaría socavando gravemente la confianza en el sistema judicial y se cuestionaría la integridad de los jueces involucrados. Es imprescindible una investigación profunda e imparcial para esclarecer estos casos y tomar las medidas necesarias para restaurar la transparencia y la credibilidad en la máxima instancia judicial del país.

"Testimonios reveladores sobre la crisis en la Obra Social del Poder Judicial"

En una jornada cargada de testimonios impactantes, el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, no fue el único en declarar ante la comisión de Juicio Político. La jueza federal Martina Forns compartió su desgarradora experiencia personal durante la pandemia, cuando tanto ella como su esposo contrajeron COVID-19. Forns describió cómo la OSPJN los dejó abandonados en momentos críticos, con dificultades para recibir atención médica y sin respuestas por parte de la obra social. Incluso relató que tuvieron que recurrir a un sanatorio que no tenía contrato con la OSPJN, sin saber si serían cubiertos por los costos. En un intento desesperado por obtener ayuda, contactó al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien se consideraba responsable de la obra social, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.

La audiencia también contó con la presencia del contador Nicolás Serafini, quien fungió como auditor externo de los balances de la OSPJN. Serafini reveló deficiencias alarmantes en los registros contables de la obra social, señalando la falta de balances correspondientes a años anteriores y la ausencia de auditorías en informes previos. Además, mencionó que los primeros informes emitidos no fueron favorables, con abstenciones de opinión en los años 2005 y 2006, y recién a partir del año 2008 se pudieron firmar auditorías con una opinión de razonabilidad. Estos hallazgos arrojan serias dudas sobre la gestión financiera y contable de la OSPJN, planteando interrogantes sobre posibles irregularidades y falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Los testimonios presentados en esta jornada reflejan una crisis profunda en la Obra Social del Poder Judicial, donde los afiliados se enfrentan a obstáculos y desatenciones en momentos de extrema necesidad. Además, las deficiencias contables reveladas por el auditor externo ponen en tela de juicio la administración de los fondos destinados a la salud de los afiliados. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para abordar estas problemáticas y garantizar el acceso adecuado a los servicios de salud para los judiciales, así como una gestión transparente y responsable de los recursos de la obra social.

"Serias deficiencias en los balances y controvertidas decisiones en la comisión de Juicio Político"

El testimonio del auditor externo, Nicolás Serafini, reveló un panorama alarmante en los registros contables de la OSPJN. Según su informe, se encontró con información incompleta y vulnerable en el sistema contable de la obra social, donde las registraciones podían ser alteradas en cualquier momento. Además, destacó la debilidad del control interno y la falta de confiabilidad del sistema informático. Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la integridad y la transparencia en la gestión financiera de la OSPJN, poniendo en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva y de medidas urgentes para corregir estas deficiencias.

En otro aspecto, la comisión de Juicio Político decidió reprogramar el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici debido a la extensión del testimonio de Marchi. Además, se aprobó la solicitud de citar al gremialista Julio Piumato, titular de UPCN, y se acordó invitar a otras autoridades del sindicato. Sin embargo, estas decisiones generan interrogantes sobre la equidad y el enfoque imparcial de la comisión, ya que la declaración de diferentes actores involucrados podría contribuir a una visión más completa de los acontecimientos.

Por último, se votó a favor de incluir en las pruebas las resoluciones que designan a Marta Herrera Alem en cargos de importancia dentro de la OSPJN. Esta medida busca aportar información relevante para el proceso, pero es necesario asegurar que todas las pruebas presentadas sean evaluadas de manera objetiva y que se evite cualquier sesgo o manipulación que pueda comprometer la imparcialidad del juicio.

En conjunto, estos acontecimientos revelan una situación preocupante en la OSPJN, con serias deficiencias contables y decisiones controvertidas en el marco del proceso de Juicio Político. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y se tomen medidas concretas para abordar estos problemas, garantizando la transparencia, la equidad y la justicia en el sistema judicial.

"Marchi vuelve a declarar y se abren las puertas a nuevas causales de juicio político"

Hace dos semanas, Héctor Marchi expuso ante la comisión de diputados, pero su declaración quedó limitada a las preguntas de los legisladores oficialistas. Ahora, ha sido convocado nuevamente para ampliar su testimonio. Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad y la imparcialidad en el proceso de Juicio Político, ya que es fundamental que todas las partes tengan la oportunidad de expresarse y presentar sus argumentos.

En los momentos finales de la reunión, Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, dejó entrever la posibilidad de ampliar las causales del juicio político. Esto se da en respuesta a la decisión del tribunal de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Martínez advirtió que su bloque tomará todas las acciones políticas necesarias y que no descartan presentar un nuevo pedido de juicio político si consideran que existe un posible mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte Suprema.

Estas declaraciones generan incertidumbre sobre el verdadero propósito del proceso de Juicio Político, ya que parecen estar influidas por motivaciones políticas en lugar de buscar la verdad y la justicia. Es esencial garantizar que el juicio se base en hechos concretos y no se convierta en un instrumento utilizado para perseguir a los adversarios políticos.

En conclusión, la convocatoria nuevamente de Marchi y las declaraciones de los legisladores abren la posibilidad de ampliar las causales de juicio político, lo cual plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso y su eventual politización. Es fundamental que el juicio se conduzca con transparencia y justicia, evitando cualquier sesgo partidista que pueda comprometer la integridad del sistema judicial.

Fuente: Telam



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